Procuraduría destituyó e inhabilitó por 17 años a docente en Risaralda por abusar sexualmente de sus estudiantes
El ente de control concluyó que el profesor se valió de su posición de autoridad para cometer conductas abusivas reiteradas contra estudiantes de una institución indígena entre 2020 y 2022.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 17 años a Maximiliano Queragama Baniama, docente de una institución educativa indígena en Pueblo Rico, Risaralda, tras hallarlo responsable de realizar actos sexuales con al menos cinco de sus estudiantes entre 2020 y 2022.
De acuerdo con la decisión, adoptada por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, el proceso se desarrolló con enfoque de género y tuvo en cuenta que las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, consideradas sujetos de especial protección.
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El Ministerio Público concluyó que el profesor se valió de su posición de autoridad para incurrir de manera reiterada en conductas inapropiadas.
Según el fallo, también habría expuesto a las menores a material de contenido sexual y a comportamientos abusivos dentro del entorno académico.
En la decisión de primera instancia, el organismo de control determinó que las acciones del docente vulneraron la dignidad y la integridad sexual de las estudiantes, apartándose gravemente de sus deberes. Por ello, calificó la conducta como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.
No se trataría de un caso aislado. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, cada día, 50 niños, niñas y adolescentes en Colombia se convierten en víctimas de violencia sexual. Sin embargo, para el 96 % de ellos, la búsqueda de justicia termina en un callejón sin salida.
La impunidad no solo borra la responsabilidad de los agresores: prolonga el sufrimiento de quienes deberían estar protegidos por el Estado.
La mayoría de las agresiones provienen de personas del entorno cercano: familiares, docentes, vecinos, conocidos. Para muchos niños, denunciar implica enfrentarse a adultos que les exigen silencio, a instituciones que no actúan con rapidez y a la posibilidad de que todo termine archivado.
En promedio, un caso de este tipo tarda siete años en resolverse. Para una víctima, eso significa crecer en medio del miedo, sin reparación y sin certezas.