Procuraduría se tomó la Cancillería para ponerle lupa a sistema de asignación de citas para expedir el pasaporte

Por cuenta de las presuntas irregularidades en la asignación de citas para expedir o renovar el pasaporte, lo que ha dado pie a que ciudadanos tengan que acudir a tramitadores informales que les cobran por la diligencia, este lunes la Procuraduría General de la Nación se tomó la sede de la Cancillería para evaluar el sistema.

Según el Ministerio Público, se trata de una inspección técnica para verificar, con un equipo especializado, el sistema de información para la asignación de citas para expedición de pasaportes. “Necesitamos ver qué es lo que está pasando, porque esto está generando que al ciudadano le cobren por adquirir una cita, un trámite que debe ser absolutamente gratuito, eficiente y eficaz”, explicó la procuradora segunda delegada para la Vigilancia, Claudia Hernández.

“Queremos revisar en qué consisten las fallas, toda vez que cuando un ciudadano va a pedir la cita a las 5:00 de la tarde, cuando se habilita el sistema, a las 5:05 ya no hay turnos”, agregó la funcionaria.

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Hernández manifestó que expertos en sistemas de información de la Procuraduría Delegada de Asuntos Especiales, así como asesores de la Delegada de Función Pública, se encargarán de revisar el sistema con miras a que la Cancillería tome todas las acciones “a que haya lugar y evitar que esto continúe pasando”.

En paralelo, la Procuraduría anunció la instalación de una mesa de seguimiento del Ministerio Público, hasta que se le dé atención y respuesta a los usuarios. “Es una mesa por un tiempo determinado hasta que la Cancillería dé solución a los ciudadanos para que el trámite de la cita sea de manera efectiva, eficaz y sin costo alguno”, precisó.

El ente de control manifestó que desde el pasado 18 de julio la Cancillería anunció ajustes al sistema de información agregando medidas de seguridad, “es decir, que la persona que esté solicitando la cita sea la que la requiere con una identificación con la Registraduría”, precisó Hernández.

La Procuraduría precisó que este tipo de actuaciones, de carácter preventivo, se realizan desde el año pasado y se busca que la Cancillería tome acciones de mejora. “No le debe corresponder al ciudadano esa carga de pagar por una cita para renovar su pasaporte”, puntualizó la procuradora segunda delegada para la Vigilancia.

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La semana pasada, en respuesta a múltiples quejas de ciudadanos que han tenido que acudir a tramitadores para conseguir una cita en la entrega de pasaportes, la Procuraduría alertó por “posibles focos de corrupción” y advirtió que se harán indagaciones para verificar la realidad de estos hechos.

Así lo anunció la procuradora Margarita Cabello Blanco, quien participó en una mesa de trabajo que contó con la participación del canciller Luis Gilberto Murillo y el contralor Carlos Hernán Rodríguez. En dicho espacio, la jefa del Ministerio Público reiteró “el dolor de cabeza” en el que se ha convertido el agendamiento de citas, el acecho de tramitadores, las largas filas y el límite de tiempo al que se ven sometidos los usuarios.

“Hemos encontrado, por informaciones, que se están vendiendo los cupos. Vamos a estar muy encima y vigilantes para solucionar y ver si existen actos de corrupción y hacer las indagaciones preliminares para verificar si da lugar a investigaciones disciplinarias”, explicó Cabello.

Durante el encuentro, la procuradora insistió en su preocupación ante el vencimiento del contrato de pasaportes con el actual operador Thomas Greg. Por ello, requirió al canciller información sobre la estrategia o el plan de contingencia previsto para garantizar la prestación del servicio después del 2 de octubre.

“Verificaremos que lo que están haciendo en contratación es lo adecuado y se satisfaga los reclamos de los ciudadanos para poder obtener el pasaporte”, agregó la procuradora, señalando que se estará al lado de la Cancillería en este proceso.

La reunión fue citada por el órgano de control tras las inquietantes declaraciones de Viviana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, según las cuales esa entidad asumirá la expedición de los documentos desde septiembre de 2025, y no a partir del 3 de octubre cuando finaliza el actual contrato.

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