¿Qué hace la Procuraduría y por qué Gustavo Petro la quiere acabar?

El presidente electo, Gustavo Petro, puso sobre la mesa la posibilidad de acabar la Procuraduría General de la Nación, según él, para hacer que sus funcionarios se enfoquen en labores investigativas contra la corrupción a través de una “fiscalía anticorrución” que piensa crear.

Petro ha insistido en la necesidad de acabar con la Procuraduría al considerar que se trata de una entidad que, según él, sigue sancionando a servidores públicos de elección popular, a pesar de los fallos internacionales que pidieron al Estado colombiano no proceder de esta manera.

Esta iniciativa de eliminar la Procuraduría, que fue una promesa del hoy presidente electo durante la contienda presidencial, abrió un debate sobre las labores que desempeña la Procuraduría, al mando de Margarita Cabello, y si sería útil y conveniente eliminar por completo este ente de control.

¿Para qué sirve la Procuraduría?

De acuerdo con su manual de funciones, la Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado, y es el máximo organismo del Ministerio Público, que está conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías.

Está conformada por cerca de 4.000 servidores, tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y tiene la obligación de velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución a servidores públicos y lo hace a través de sus funciones preventiva, de intervención y disciplinaria.

La función preventiva es considerada la principal responsabilidad del ente de control, que se enfoca en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.

En cuanto a la función de intervención, la entidad detalla que en su calidad de sujeto procesal interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía.

“Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales”, dice en el manual.

Por último, su función disciplinaria le da facultad para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado.

¿Por qué Petro la quiere eliminar?

El presidente electo emprendió su lucha contra la Procuraduría después de que en 2013 el entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, lo destituyó de la alcaldía de Bogotá y este caso llegó hasta los estrados internacionales, donde Petro salió victorioso.

Tras esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a derechos políticos de Petro y ordenó modificar la legislación interna e impedir que la Procuraduría pueda retirar a un funcionario elegido popularmente de su cargo.

“La Corte encontró que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría”, detalló la sentencia.

En ese contexto, Petro ha asegurado que la Procuraduría ha sido utilizada como herramienta al servicio de sectores políticos y tiene previsto proponer en el congreso una reforma que permita eliminar la entidad y llevar a sus funcionarios a una “fiscalía anticorrupción”.

En mayo pasado, en plena época electoral, la Procuraduría suspendió a varios alcaldes –entre ellos a Daniel Quintero– argumentando que estos podrían interferir en las elecciones por su aparente participación en política.

Ante los reclamos de Petro, la procuradora General, Margarita Cabello, aseguró en ese momento que el ente de control tiene facultades otorgadas por la Constitución y por el Congreso de la República para investigar y sancionar a funcionarios públicos de elección popular.