Recusan al magistrado de la Corte Constitucional que pidió tumbar le ley de paz total

Tras el revuelo que se desató al saber sobre una ponencia en la Corte Constitucional que buscaba tumbar la ley de paz total por presuntos vicios de trámite, en las últimas horas se conoció que el togado detrás de ese proceso fue recusado.

Fuentes cercanas al alto tribunal informaron que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue el que presentó la ponencia al encontrar presuntas irregularidades en la ley 2272 sancionada por el Gobierno de Gustavo Petro, en busca de la denominada ‘paz total’.

El colectivo de abogados Cajar, José Alvear Restrepo, presentó un documento a la Corte con la petición de recusar al magistrado Ibáñez, con el objetivo de que sea apartado de la discusión dentro del trámite de constitucionalidad que cursa actualmente.

Entre los argumentos presentados en el documento aseguran que, al estar en contra de la ley, el magistrado tendría imparcialidad y, por tanto, “le excluye de la toma de las decisiones que debe adoptar en tal condición, cuando no hay garantía de su juicio libre y justo”.

Igualmente, argumentan que, tras conocerse la discusión en medios de comunicación, esta filtración que busca el futuro de una de las leyes más importantes del gobierno Petro vulnera las garantías constitucionales.

“La filtración de este tipo de documentos y la implicación que este hecho tiene en la vulneración de garantías constitucionales, ha sido analizada en determinadas ocasiones por este Alto Tribunal”, expresan.

¿Por qué se aplazó la decisión?

Aunque la decisión para resolver las demandas que piden tumbar la ley 2272 o también conocida como paz total tiene el carácter de urgencia nacional por parte del Alto Tribunal, el debate se aplazó por varias semanas.

Según informó la Corte Constitucional, los magistrados no realizarán sala plena durante esta y la próxima semana, debido a “actividades de empalme, reorganización interna y levantamiento de inventarios que permitan mantener el adecuado funcionamiento de la Corporación”.

Esto ocasiona que la discusión donde se votarían los presuntos fallos que se habrían presentado en el trámite la sancionada ley de paz total, presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se aplace hasta dos semanas.

Entre los argumentos que se habrían presentado por el magistrado, sumado a los conceptos que envió la Procuraduría al respecto, se alega que el articulado presentado en el Congreso surtió su debate sin el concepto del Consejo de Política criminal, sumado a que se debatió en el Congreso sin la información necesaria para su análisis. Esto asegurando que la ley es inconstitucional.

La jefe del ministerio público señalaba que el trámite de la norma vulneró el principio de consecutividad, que exige que los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las comisiones y en las plenarias de las cámaras.

Entre esas disposiciones no discutidas en las comisiones primeras se encuentran la creación de una instancia de alto nivel del Gobierno Nacional para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas de crimen de alto impacto.

Es de recordar que la denominada ley de paz total o ley 2272 de 2022 es una de las más importantes apuestas del gobierno de Gustavo Petro, ya que esta es la hoja de ruta para llegar a acuerdos con los diferentes grupos criminales para llegar a las conversaciones de paz.

Será la sala plena del Alto Tribunal quien analice en algunas semanas más adelante la recusación presentada y determine si existieron las presuntas fallas, de forma que tendría la ley de paz total para ser declarada inconstitucional.