Desbandada exprés: firman la salida de más de 80 oficiales de las FF. MM.
Cinco resoluciones firmadas en menos de un día desataron inquietud dentro de las Fuerzas Militares. Oficiales afectados advierten posibles fallas en fechas, evaluaciones y expedientes.
En menos de 24 horas, el Ministerio de Defensa firmó cinco resoluciones que ordenan la salida de cerca de 100 oficiales, entre mayores y tenientes coroneles, que no figuraban en listas previas de evaluación para ascenso ni en procesos visibles de retiro. Todos fueron llamados a calificar servicios.
La filtración de estas decisiones encendió alertas sobre lo que estaría ocurriendo al interior de las Fuerzas Militares, no solo por la magnitud de las salidas, sino por la forma en que se adoptaron. De acuerdo con los oficiales afectados, las resoluciones, suscritas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tendrían posibles irregularidades jurídicas relacionadas con las fechas de los procedimientos y la documentación de los expedientes.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la Junta Asesora encargada de evaluar estos casos. Según los documentos conocidos, la sesión en la que se habrían revisado las salidas se llevó a cabo el 16 de marzo y fue catalogada como ordinaria. Sin embargo, algunos oficiales sostienen que esa fecha no coincide con los parámetros establecidos en la normativa que regula su funcionamiento, lo que, a su juicio, pone en duda la validez del proceso.
Las observaciones también se extienden al alcance de este tipo de sesiones. El Decreto 2260 de 1973 establece que las reuniones ordinarias de la Junta Asesora deben abordar asuntos rutinarios de personal, como clasificaciones para ascensos, recomendaciones, retiros y otros temas administrativos. Aunque incluye la administración de personal, varios de los implicados aseguran que no contempla de manera explícita la calificación de servicios, lo que ha generado inconformidad.
A esto se suma que, según esa misma regulación, dichas sesiones deberían realizarse los primeros jueves de cada mes, condición que tampoco se habría cumplido.
Otra de las preocupaciones planteadas es la presunta falta de expedientes completos durante la evaluación. Versiones conocidas indican que algunos de los análisis se habrían realizado sin contar con las hojas de vida y soportes documentales de los oficiales, lo que pone en entredicho la rigurosidad de las decisiones.
Este movimiento se suma a una serie de cambios en la cúpula y en los mandos medios de la Fuerza Pública desde 2022, tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro. En ese periodo, cerca de 300 oficiales del Ejército y la Policía han salido de la Fuerza Pública por despidos o renuncias. Aunque el Gobierno ha negado que esté haciendo una purga, fuentes de Inteligencia señalaron que expulsaron a todo aquel sospechoso de falsos positivos, de perseguir a la izquierda y de confianza de gobiernos anteriores, sin importar su experiencia. Sus relevos carecen de la experticia necesaria, lo que se refleja en los pobres resultados de agencias importantes, como el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia (Cede2), el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Caimi) y sus subdivisiones regionales, los Batallones de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Baimi o B2); algo similar ocurrió en la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
No obstante, fuentes consultadas señalan que este tipo de movimientos responde también a la dinámica estructural de la Fuerza Pública. Explican que se trata de una organización piramidal en la que no es viable sostener un número elevado de oficiales en rangos medios y altos, como coroneles, tenientes coroneles o mayores. En ese sentido, cada ciclo de ascensos implica la salida de un grupo significativo de uniformados para dar paso a nuevas promociones.
De acuerdo con esa misma fuente, los procesos de evaluación se realizan de manera periódica y están definidos por la ley. Habitualmente, las valoraciones se llevan a cabo entre abril y mayo, con el fin de expedir los decretos antes de junio, cuando se concretan los ascensos. Además, precisan que las decisiones sobre quién asciende o no en esos rangos son adoptadas principalmente por las juntas internas de las Fuerzas Militares, mientras que el Presidente de la República y el ministro de Defensa formalizan esas determinaciones mediante su firma.