¿Qué hay detrás de la salida de la esposa del ministro de Justicia de cargo clave en la Fiscalía?
Este lunes la Fiscalía al frente de Luz Adriana Camargo echó para atrás una imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección por el caso Miguel Uribe.
Andrea del Pilar Verdugo, directora de Asuntos Jurídicos de Fiscalía y esposa de Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, habría renunciado a su cargo.
Así lo dio a conocer el medio Red + al indicar que la salida del cargo se habría dado en medio del ‘reversazo’ de la Fiscalía en la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por posibles omisiones desde su cargo en la debida protección del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe.
6AMW, de Caracol Radio, fue otro de los medios que dio a conocer la renuncia de Verdugo. Según la emisora, la dimisión fue aceptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y no estaría relacionada con el proceso que se adelanta contra el director de la UNP en el marco del caso por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
En el programa radial se dejó claridad que Andrea del Pilar Verdugo considera que se ha intentado vincularla de manera injustificada con un asunto externo a sus funciones dentro de la entidad. No obstante, su salida se conoce horas después de el propio Augusto Rodríguez señalara al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, su esposo, de estar detrás de su fallida imputación de cargos.
Rodríguez sugirió que Idárraga podría estar detrás del intento de imputación presuntamente influyendo en su esposa, Andrea del Pilar Verdugo.
En esa misma línea, Alejandro Carranza, abogado defensor de Rodríguez, afirmó que el episodio ratifica las advertencias que había hecho desde el inicio del proceso.
De acuerdo con su versión, le señaló oportunamente a la Fiscalía que la Unidad de Administración Pública de ese ente acusador que ese despacho carecía de competencia para formular la imputación, una observación que —según dijo— fue desatendida hasta que la propia Fiscalía terminó admitiendo la falta de competencia.
Este lunes la Fiscalía al frente de Luz Adriana Camargo echó para atrás una imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección y mano derecha desde hace décadas del presidente Gustavo Petro.
Al funcionario lo acusaban, y hasta había fecha de la imputación (11 de febrero), de haber fallado en la protección del precandidato presidencial y senador de la oposición Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 que terminó costándole la vida dos meses después.
¿Está descartada la imputación contra Augusto Rodríguez?
La situación jurídica de Augusto Rodríguez continúa en una zona de incertidumbre. Aunque la Fiscalía reversó la imputación de cargos que había anunciado en su contra por el magnicidio de Miguel Uribe, la decisión terminó por abrir un nuevo foco de controversia al interior del ente acusador.
La secuencia de los hechos fue vertiginosa. En cuestión de horas, la Fiscalía este lunes pasó de anunciar que imputaría a Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión a desmontar públicamente esa determinación, generando desconcierto entre las partes y nuevas preguntas sobre el rumbo de la investigación.
Frente a ese escenario, fuentes de la Fiscalía aclararon que este paso atrás no significa un cierre definitivo del camino penal contra Rodríguez. Por el contrario, explicaron que la posibilidad de imputar deberá ser evaluada por un Grupo de Trabajo especial, creado específicamente para asumir el caso y revisar las actuaciones previas.
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Es decir, en cualquier momento, si así lo determina el Grupo Especial, Rodríguez podría ser imputado dentro de ese expediente. De ocurrir, se convertiría en el primer funcionario de alto rango judicializado por el magnicidio y en la décima persona vinculada formalmente al proceso.
El giro cobró mayor relevancia al recordarse que, antes de ser asesinado, Miguel Uribe había solicitado en al menos 23 ocasiones a la Unidad Nacional de Protección el refuerzo de su esquema de seguridad, un antecedente que sigue pesando en el análisis de eventuales responsabilidades institucionales.
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Sobre el detalle de las solicitudes que no fueron atendidas, Rodríguez sostuvo que estas no correspondían a peticiones formales de ampliación del esquema de seguridad, sino a requerimientos de carácter logístico para desplazamientos que la UNP no estaba en capacidad de asumir por falta de un contrato vigente.
“Lo que existía eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema”, explicó el funcionario. Según precisó, ese tipo de requerimientos debían canalizarse a través de la Policía Nacional o de la unidad administrativa del Congreso, y no directamente ante la UNP.
La investigación continúa activa, ahora bajo una revisión interna y con un nuevo equipo a cargo, en un ambiente marcado por tensiones institucionales, reproches cruzados y la incertidumbre sobre si el ente acusador insistirá, o no, en llevar el caso ante un juez de la República.