CIDH recomendó al Estado separar a la Policía del Mindefensa

Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer los resultados de la visita que realizó en Colombia entre el 7 y el 10 de junio pasados, para verificar las denuncias de violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril.

La visita se realizó en Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán, y, tras dialogar con distintos sectores sociales (incluyendo a las autoridades del poder público), víctimas, personas defensoras, organizaciones de mujeres, de personas afrodescendientes y de personas indígenas, periodistas, movimientos sociales, gremios y agentes de la Fuerza Pública, hoy hizo la entrega del informe.

La presentación de los resultados estuvo a cargo de Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH y relatora de la Comisión para Colombia. Urrejola señaló que, tras su análisis, realizó 40 recomendaciones al Estado colombiano, incluyendo que la Policía no pertenezca más al Ministerio de Defensa, para evitar que tenga un “enfoque militar”.

Según Urrejola, durante la verificación de la CIDH, se hicieron “hallazgos de graves violaciones a derechos humanos como la vida, la integridad personal y la libertad de manifestarse, y otras situaciones que ponen en riesgo a la protesta social –afectaciones a derechos de terceros no relacionados con las protestas y a bienes públicos–”.

Para empezar, la CIDH explicó que se realizó un “amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento, como la inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema y las dificultades de acceso a la educación, el trabajo y la salud”.

Otro punto que resaltó la Comisión fue “la participación de la ciudadanía” durante las 12.242 jornadas de protesta reportadas y que, en el 89 % de estas, no se registraron hechos de violencia.

Urrejola resaltó que, durante la visita, la CIDH evidenció la “existencia de un clima de polarización, presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes y encuentra preocupante cuando provienen de autoridades públicas”.

Sobre las violaciones a los derechos humanos, la relatora de la CIDH para Colombia mencionó “uso desproporcionado de la fuerza, violencia basada en género, étnico racial, violencia contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en traslados por protección, denuncias de desaparición, uso inadecuada de asistencia militar, utilización de la jurisdicción penal militar”.

Urrejola fue enfática en el hecho de que “la respuesta del Estado fue el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo fuerza letal, mediante el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes, especialmente en Cali y distintos municipios del Valle del Cauca”. En ese sentido, condenó el “alto número de pérdida de vidas humanas, sin perjuicio en las diferencias de las cifras del Estado y de la sociedad civil”.

Esta última acotación, porque mientras que desde el Estado se habla de 54 personas fallecidas al 24 de junio, organizaciones de la sociedad civil dicen que son 84. “La CIDH condena toda muerte de persona manifestante como resultado del uso fe la fuerza”, agregó Urrejola.

En cuanto el derecho a la libertad, la Comisión señaló que 3.274 personas habrían sido detenidas. La CIDH también manifestó su “preocupación por el alto número de denuncias sobre desaparición de personas”. Esto, porque la Defensoría del Pueblo recibió 783 reportes de personas no ubicadas y el Estado, para el 15 de junio, mantenía activo el mecanismo de búsqueda urgente en 84 casos de personas reportadas como desaparecidas.

“Llama la atención de la CIDH que, según la información del Estado, se realizaron más de 7.020 detenciones con la figura de traslado por protección. La CIDH recibió denuncias sobre situaciones de violencia, tratos crueles y degradantes, que podrían configurar tortura”.

Otra preocupación manifestada por la CIDH, fue respecto al tema de igualdad y no discriminación. La Comisión recibió el testimonio de 103 hechos de violencia basada en género y orientación sexual por parte de la Fuerza Pública, salvo un caso. 99 de ellos ocurrieron contra mujeres y 3, contra población LGBTI.

Similar fue el caso de violencia étnico-racial, donde organizaciones “afirmaron que al menos 82 personas afrodescendientes habrían sido víctimas de represión por la Fuerza Pública. Hubo 50 ataques contra la minga, 2 fallecimientos, 3 agresiones físicas, 159 hostigamientos y 21 presuntas víctimas de atentado en el marco de las protestas sociales”.

Respecto al derecho a la libertad de expresión y a derechos económicos, sociales y ambientales, Urrejola mencionó “la violación contra periodistas y medios de comunicación, que fueron víctimas de ataques y limitaciones de su labor”. Se refirió a agresiones físicas, amenazas, robo y eliminación de material documental, hostigamiento, detenciones ilegales y ataques a sedes de medios de comunicación.

La CIDH también mostró su “preocupación de que casos relacionados con la violación de derechos humanos estén siendo conocidos por la Justicia Penal Militar. Hasta el 4 de junio, esta jurisdicción inició 12 procesos por homicidio y 9 por lesiones personales”.

Sobre derechos de terceros no relacionados con protestas, Urrejola aseguró que se constató la “infiltración de las protestas por parte de grupos que han efectuado actos violentos o vandálicos, ocasionando perjuicios materiales y económicos”. En particular, habló del incendio al Palacio de Justicia de Tuluá, de la sede de Medicina Legal en Popayán, de la Gobernación de Nariño, de las instalaciones de la Fiscalía en Popayán y ataques a personerías municipales.

Por último, Urrejola habló de los bloqueos –o cortes de ruda, como los denominó la CIDH–. Aseguró que hubo afectaciones al abastecimiento de alimentos, medicina y combustibles en 26 departamentos y 311 municipios. Y aseguró que hay “especial consternación por el fallecimiento de dos bebés por la falta de atención médica y la muerte de 3 agentes policiales”.

Luego de este balance, como se dijo, Urrejola aseguró que la Comisión formuló 40 recomendaciones al Estado. Entre estas se encuentran promover y reforzar desde el estado un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, adoptar medidas para garantizar la rendición de cuentas de la Fuerza del Estado, una investigación imparcial, sancionar a lo responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Otro punto importante es que recomendó “separar a la Policía y al Esmad del Ministerio de Defensa para garantizar una estructura que consolide un enfoque de derechos humanos y evite la posibilidad de perspectivas militares”.

Por último, Urrejola informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instalará un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, con el fin de “consolidar la paz y seguirá a disposición para acompañar en estos procesos de diálogo”.

Vea el documento completo que elaboró la CIDH: