En esto trabajó el Congreso en su legislatura 2020-2021

Hoy termina la legislatura del Congreso. Una que estuvo marcada por la coyuntura del país –primero por la pandemia de la covid-19 y, posteriormente, por las protestas que iniciaron el 28 de abril–, pero en la que también hubo discusiones que, aunque se alejaron de esos dos temas, llamaron la atención de la opinión pública.

A esa coyuntura, además, se le suma que, incluso sin que haya arrancado oficialmente, el país ya se encuentra en campaña electoral. Y las movidas en el Congreso también deben ser leídas desde esa óptica. A fin de cuentas, senadores y representantes empiezan a destapar sus cartas para las elecciones de 2022.

En total, se radicaron 815 iniciativas entre proyectos de ley y reformas constitucionales (ver Infografía), unas que tuvieron mayor repercusión que otras y se dieron discusiones polémicas, como pasó con las hundidas reformas tributaria y de la salud –ambas iniciativas presentadas por el Gobierno Nacional–.

Y en los últimos días, como ya es tradición al término de cada periodo legislativo, fueron varios los proyectos de alto impacto aprobados. Entre ellos, por mencionar algunos, se encuentra la reforma al Código Disciplinario –que de paso transforma a la Procuraduría–, la reforma a la justicia y la aprobación de la reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes (ver recuadros).

Ante este panorama, EL COLOMBIANO revisó algunos de los proyectos que, por discusión o por impacto en el país, más revuelo causaron en los últimos meses en el Congreso. También consultó la opinión de expertos, así como de congresistas, sobre algunos de los proyectos que impulsaron.

Cómo fue el trabajo

Respecto a la actuación del Senado y de la Cámara de Representantes hay opiniones encontradas sobre la pertinencia y el trabajo, en general, que tuvieron.

Por ejemplo, José Penso, docente de la Universidad del Norte y consultor político, asegura que la actividad durante este periodo legislativo fue “relativamente escasa”. Sin embargo, resalta que hubo iniciativas que tenían como foco “mejorar la calidad de vida de las personas en relación a servicios públicos, el sistema educativo, económico y social”.

Ejemplo de esa afirmación, continúa, son proyectos de ley como el que convirtió a Internet en un servicio público esencial y universal, que se traduce en que no habrá cobro de reconexión para los estratos 1, 2 y 3. O la ley que reglamentó el uso de tapabocas inclusivos –que está a la espera de la sanción presidencial– para promover la inclusión de personas con discapacidad auditiva y que, a través de tapabocas transparentes, puedan leer labios.

En la otra cara, queda iniciada la discusión de propuestas cuyo trámite, por decir lo menos, no será sencillo. Un ejemplo que salta a la luz es el del proyecto que quiere crear el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados (lícitos e ilícitos).

El senador Iván Marulanda (Alianza Verde), coautor de la propuesta, busca “sembrar en el panorama colombiano la discusión de si vamos a seguir por el camino de la guerra contra las drogas o si vamos a cambiar”. El proyecto fue aprobado en primer debate en abril, con 12 votos a favor en la Comisión Primera del Senado. Sin embargo, desde ya hay voces que prometen oponerse a la propuesta cuando llegue a la plenaria.

También hubo otras propuestas que se quedaron a medio camino. Solo el viernes, hubo fuertes críticas desde la oposición porque el proyecto de ley de especialidad agraria –única iniciativa en trámite relacionada con el Acuerdo de Paz con las Farc y que creaba jueces especializados para resolver conflictos de tierras– no fue agendado para discusión, lo que supuso que se hundiera.

¿Sirvió lo hecho?

Para Yann Basset, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario y analista, “el Congreso no tuvo el protagonismo que se esperaba, porque se pensaba que después de volver a funcionar de forma normal, revisaría los decretos del Gobierno e impulsaría ciertas iniciativas, pero no lo hizo”. En este punto hay que recordar que, cuando la covid-19 llegó al país, el Congreso se enfrascó en una discusión de más de un mes, hasta abril de 2020, sobre la legalidad o no de las sesiones virtuales y semipresenciales.

Sobre la agenda de esta legislatura, y lo que podría seguir durante el próximo año, Basset resalta que “el Congreso está en precampaña”. Dice eso para explicar que temas como la reglamentación de la cadena perpetua o la reforma al Código Disciplinario “responden a una agenda más política”. Pero resalta que, en todo caso, “también hay otros temas que corresponden a la agenda del país, como la ley de comida chatarra. Hay un poco de todo en el final de esta legislatura”.

Patricia Muñoz Yi, directora de la Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, cree, por su parte, que desde el Congreso ha habido “altos niveles de desconexión con los ciudadanos, que se refleja ante la falta de promoción y discusión de los debates que el país necesita para resolver la coyuntura actual”.

Muñoz Yi advierte también que esa postura podría jugarle en contra en las urnas el domingo 13 de marzo del año entrante. “Deben entender que el Congreso, como órgano de representación, debe recuperar la conexión con la ciudadanía y con sus problemas y emprender una lucha frontal contra la corrupción”, dice, para agregar que “de no asumirlo en el corto y mediano plazo, la opinión pública los sancionará en el proceso electoral”.

Más allá de ese panorama, que se convertirá en un tema recurrente en los próximos meses a medida que se consolide la campañ a electoral, hoy es el fin de una legislatura que fue sui generis y que dejó proyectos de ley aprobados que, en el corto y mediano plazo, tendrán un impacto importante en Colombia por la amplia variedad de temas que cobijan