Gasto en salud de hogares colombianos subió 57,3 % y está afectando más a los pobres

La premisa del presidente Petro de querer afectar financieramente a las entidades promotoras de salud (EPS) terminó repercutiendo a las personas por los que dice haber gobernado y estar más preocupado: los pobres. Así lo indican los datos del gasto de bolsillo que hacen los colombianos para acceder a servicios de salud y medicamentos, el cual sigue creciendo y se ha convertido en señal de alarma sobre el deterioro de la protección financiera que ofrecía el sistema colombiano.

En el marco del foro de salud número 32 de la Andi, a Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) advierte que la manera en que cada vez más familias están asumiendo costos que antes eran cubiertos por el aseguramiento de las EPS.

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De acuerdo con las cifras divulgadas por Afidro, el gasto de bolsillo (plata que las personas tienen que sacar de sus ingresos para gastos en salud) aumentó un 57,3 % entre 2022 y 2025. Este incremento está asociado a las crecientes barreras de acceso que enfrentan los pacientes cuando las citas médicas se retrasan, los medicamentos no son entregados o las aseguradoras tardan en asignar citas por la falta de recursos.

La asociación sostiene que, ante estas dificultades, muchos pacientes han terminado buscando alternativas financiadas con recursos propios para poder recibir atención o continuar sus tratamientos. Como resultado, el peso económico de las fallas del sector se está trasladando directamente a los hogares.

El impacto, sin embargo, no es igual para todos los colombianos. Según Afidro, los hogares de menores ingresos son los más afectados. Entre 2022 y 2024, el 20 % de la población con menos recursos registró un incremento del 63,4 % en su gasto de bolsillo, mientras que en los hogares con mayores ingresos el aumento fue de apenas 15,3 %.

Esa brecha entre personas de altos y de bajos ingresos también se refleja en el acceso a medicamentos. En 2024, el 60,3 % de las personas de menores ingresos reportó que no recibió sus medicamentos por falta de disponibilidad; en contraste, entre los hogares con mayores recursos económicos, esa cifra fue del 25,3 %.

Para el gremio de los laboratorios, esta diferencia demuestra que los hogares de bajos ingresos tienen menos alternativas cuando el sistema falla. Mientras las personas con mayor capacidad económica pueden comprar medicamentos en farmacias, droguerías o acudir a otros prestadores, quienes cuentan con menos recursos enfrentan mayores obstáculos para acceder a los tratamientos o deben asumir costos que afectan seriamente su economía familiar. Más o menos es como: o salud o hacer mercado.

El informe también evidencia cambios en el comportamiento de los usuarios frente a la atención. En 2022, el 55,8 % de las personas con menores ingresos acudía a su EPS cuando enfrentaba un problema de salud, pero para 2025, esa proporción cayó al 43,1 %: una situación que puede deberse a una pérdida de confianza en las entidades encargadas de gestionar el acceso a esos servicios.

Paralelamente, aumentó la automedicación. Según las cifras de Afidro, en 2025 el 18,03 % de las personas de menores ingresos recurrió a esta práctica, la cual duplicó el 8,95 % que se registró en 2022.

Los pacientes con mayores necesidades médicas también están entre los más afectados. Los jefes de hogar que reportaron estar en muy mal estado de salud incrementaron su gasto de bolsillo en 44,2 % entre 2022 y 2024. Por el contrario, quienes manifestaron gozar de buena salud redujeron este gasto en 22,1 %.

La situación de las personas con más estado de salud es especialmente preocupante para los pacientes crónicos y de alta complejidad, pues la falta de acceso oportuno a medicamentos y tratamientos puede derivar en complicaciones más graves y costosas tanto para las familias como para el sistema de salud.

Entretanto, las diferencias territoriales son igualmente significativas. Afidro advierte que los hogares en los municipios de Colombia fueron los más golpeados por esta tendencia, puesto que, entre 2022 y 2025, el gasto de bolsillo creció 61,7 % en las zonas rurales, mientras que en las áreas urbanas el incremento fue de 26,4 %.

La asociación concluye que el gasto de bolsillo se ha convertido en una especie de “copago de facto”, es decir, un costo que termina siendo asumido por los pacientes cuando no hay garantía en el acceso oportuno a servicios, medicamentos o procedimientos.

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