Inversión en salud del Presupuesto General es de las más bajas este año: Contraloría

Los ingresos del Gobierno Central pasaron de representar el 18,2 % del producto interno bruto al 16,1 %. FOTO SSTOCK

Con el dicho “tras de cotudo con paperas” podría resumirse la situación actual de la salud en Colombia. Aparte de que el sistema vive su peor crisis humanitaria y financiera, la inversión del Gobierno Central en ese sector es de las más bajas en lo que va de 2026. De hecho, la ejecución de los recursos destinados se convirtió en uno de los principales focos de preocupación dentro de la más reciente advertencia fiscal emitida por la Contraloría General de la República.

Según el organismo de control, con corte al 25 de junio, ese sector apenas había ejecutado el 9,48 % de su presupuesto de inversión, ubicándose entre los de menor avance junto con transporte, que registra un 10,8 %. La entidad señaló que el bajo ritmo de ejecución ocurre en medio de un panorama fiscal complejo para Colombia.

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La combinación de un recaudo inferior al esperado, obligaciones pendientes de pago y un mayor recurso al endeudamiento está aumentando, a juicio de esa entidad, la presión sobre las finanzas públicas y compromete la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Según las cifras oficiales, el presupuesto para 2026 asciende a $555,72 billones. Sin embargo, hasta el 16 de junio solo se habían recaudado $252,68 billones, lo que deja una brecha cercana a los $303 billones, equivalente al 54,5 % del previsto. Para la Contraloría, esta diferencia representa un desafío importante para garantizar el financiamiento de las políticas públicas durante el resto del año.

Uno de los aspectos que más inquieta al organismo es la diferencia entre las metas tributarias incluidas en el presupuesto y las proyecciones fiscales más recientes. Mientras el PGN contempla ingresos por impuestos de $321,46 billones, la estimación actual del Gobierno los sitúa en $294,28 billones, generando un faltante superior a $27 billones que obligaría a realizar ajustes si no aparecen nuevas fuentes de recursos.

La Contraloría también recordó que las expectativas de ingresos para 2026 fueron revisadas a la baja frente a las proyecciones realizadas un año atrás. Los ingresos del Gobierno Nacional Central pasaron de representar el 18,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) al 16,1 %, lo que equivale a una reducción cercana a $25,4 billones. Para el ente de control, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer el rigor técnico en la elaboración de las proyecciones fiscales.

En ese contexto, la entidad considera que el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de adoptar medidas que permitan corregir el déficit estructural. No solo será necesario revisar el balance entre ingresos y gastos, sino también impulsar el crecimiento económico y fortalecer la capacidad productiva del país para ampliar el margen fiscal en el mediano plazo.

Respecto a la inversión pública, la Contraloría advirtió que el lento avance en salud podría retrasar proyectos de infraestructura hospitalaria, procesos de dotación, fortalecimiento institucional y programas destinados a mejorar la prestación de servicios. Además, alertó sobre el riesgo de que los recursos aprobados no se traduzcan oportunamente en una mayor capacidad de atención para la población.

En el caso del sector transporte, el bajo nivel de ejecución también genera preocupación debido a su impacto sobre la conectividad, la competitividad regional y el desarrollo de obras de infraestructura. El organismo sostuvo que los retrasos en la inversión reducen la capacidad del presupuesto para impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Otro de los factores que presiona las finanzas públicas corresponde a las obligaciones heredadas de la vigencia anterior. A mayo de 2026 permanecían sin cancelar el 48 % de las reservas de inversión y el 38 % de las reservas de funcionamiento constituidas en 2025, situación que limita la disponibilidad de recursos para atender nuevas necesidades y dificulta la programación de pagos.

El ente de control también llamó la atención sobre el incremento del endeudamiento del Gobierno. A junio de este año se había utilizado el 76 % del cupo autorizado para deuda de largo plazo, equivalente a $64,79 billones, una cifra superior a la registrada durante el mismo periodo de 2025. Paralelamente, el servicio de la deuda presenta el mayor nivel de ejecución presupuestal, superando ampliamente los rubros destinados a funcionamiento e inversión.

En materia fiscal, la entidad confirmó un hallazgo con alcance disciplinario dentro del seguimiento realizado a la gestión de la deuda pública. Tras evaluar las respuestas entregadas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Crédito Público, el equipo auditor mantuvo las observaciones formuladas inicialmente y anunció que continuará vigilando el cumplimiento de los límites de endeudamiento y las acciones implementadas para mitigar los riesgos detectados.

Finalmente, la Contraloría concluyó que la estabilidad de las finanzas públicas dependerá de decisiones oportunas para cerrar la brecha entre ingresos y gastos, acelerar la ejecución de la inversión y reducir la dependencia del crédito. El organismo advirtió que el país enfrenta simultáneamente menores ingresos, obligaciones acumuladas, rezagos en la inversión y mayores necesidades de financiamiento, un escenario que exigirá una gestión fiscal más eficiente durante los próximos años.

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