La corrupción, el cáncer que consume la salud
El sistema de salud no solo está enfermo: agoniza en una camilla, sin tratamiento, pero con exceso de diagnósticos.
Mientras el debate político sobre la reforma a la salud se enreda en discursos vacíos y acusaciones cruzadas, las cifras revelan la magnitud de una crisis que ha sido analizada desde lo político, lo académico y lo social, pero rara vez ha dado lugar a decisiones estructurales. Por eso, el sistema de salud no solo está enfermo: agoniza en una camilla, sin tratamiento, pero con exceso de diagnósticos.
Tras un ejercicio realizado con la gente en las calles acerca de esta conocimos resultados dramáticos: personas con meses esperando al menos una cita general, tutelas a favor de pacientes a la espera de ser cumplidas y enfermos que, resignados con la situación actual, soportan el dolor con la esperanza de que esta situación se resuelva pronto; porque al final las personas no les importa quien tenga la razón frente a estas críticas, sino una solución inmediata a toda esta crisis.
De igual manera, el corazón financiero del sistema parece sufrir de una arritmia crónica. Basado en el último informe de la Contraloría General de la República, 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) registran obligaciones pendientes por un total de $32,9 billones de pesos, correspondientes a servicios ya prestados (Ministerio de Salud y Protección Social, 2025). Existe un déficit que supera los $19,8 billones acumulados en los últimos tres años (Centro de Estudios Económicos ANIF, 2025), una pérdida operacional que supera los $6,8 billones (48% por encima de 2024), y un desbalance del 9,9% respecto a los recursos disponibles. Todo esto revela una desfinanciación estructural que hace inviable para las EPS costear los servicios requeridos por los usuarios. Estas no son cifras contables: son el indicio de un agujero negro que absorbe los recursos destinados a la salud de la gente.
La alarma está encendida: el sistema fiscal roza la quiebra. Pero el colapso no es una amenaza futura; es una realidad diaria que se vive en los pasillos de los hospitales. Esta crisis no se mide solo en balances financieros y cifras macroeconómicas; se palpa en el rostro del sistema, donde el colapso adquiere una dimensión tangible, cotidiana y dolorosa, cuyos efectos recaen sobre quienes hacen funcionar el sistema y sobre quienes más lo necesitan: el personal de salud y los pacientes.
Por otra parte, de acuerdo con Consultor Salud (2024), se han presentado condiciones laborales precarias como el retraso y disminución de pagos al personal sanitario en un 59%, así como afectaciones en su salud mental y emocional en un 80,3%. Esto impacta directamente en la calidad del servicio, como lo evidencia el aumento del 36,82% en las quejas ante la Superintendencia, donde el 27% de los colombianos reportan demoras en citas médicas y esperan, en promedio, 135 días para medicamentos, 92 para citas con especialistas y 36 para medicina general. Podría parecer un conjunto de estadísticas frías, pero solo basta observar las filas interminables en las grandes ciudades a la espera de medicamentos o autorizaciones para comprender que esta situación tiene en pausa miles de vidas.
Esta es una radiografía cruda de un sistema que se desangra, cuyas consecuencias pagamos todos. Nuestra salud, que debería ser una garantía constitucional y piedra angular de un Estado justo, hoy se tambalea. ¿El sistema colapsa por falta de recursos?
La verdad incómoda es que, más allá del actor que gestione los recursos, lo esencial es garantizar mecanismos rigurosos de auditoría, transparencia y sanción, porque lo que está en juego no es solo un modelo financiero, sino el derecho a la vida digna y la salud de millones de personas. Por consiguiente, es preciso señalar que esta crisis es producto del problema que sigue trascendiendo en la política colombiana: la corrupción. Ya en 2012, Ortiz advertía que la corrupción tiene un costo humano: los municipios más corruptos duplican la tasa de mortalidad infantil frente a los menos corruptos, “reforzando la hipótesis de que la corrupción en Colombia es de tipo sistémica, donde las reglas de juego económico y político facilitan su reproducción” (Ortiz,2012). La corrupción no solo roba dinero; roba oportunidades, salud y futuro.
La salud en Colombia no muere solo por falta de recursos, sino por el cáncer silencioso de la corrupción que la carcome desde adentro. Por tanto, lo que está en juego no solo es su modelo financiero en medio de una crisis, sino el derecho a una vida digna de millones de personas. Mientras no se rompa ese círculo, la salud en Colombia seguirá en cuidados intensivos.
Por Geovanny Londoño*
*Abogado y exdiputado de Risaralda