Unos 6,6 millones de usuarios de varias EPS serían trasladados; ¿qué dice MinSalud?
La alerta refiere que 3,1 millones de pacientes serían trasladados a Nueva EPS, 290.000 a Savia Salud y 533.000 a Servicio Occidental de Salud (SOS).
La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud emitió una alerta pública dirigida a los entes de control por el “riesgo inminente” de que se agrave la crisis humanitaria que enfrentan usuarios, pacientes y el talento humano del sistema de salud. La advertencia surge a raíz de recientes actuaciones administrativas del Ministerio de Salud que podrían modificar de manera estructural el modelo actual.
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Según la Mesa, los documentos puestos en consulta pública evidencian la intención del Gobierno del presidente Gustavo Petro de expedir un decreto que transformaría el sistema de salud, que introduciría un proceso de habilitación de las entidades promotoras de salud (EPS) basado en criterios territoriales. Esta iniciativa, señalan, tendría profundas repercusiones sobre la prestación de servicios y el ejercicio de derechos fundamentales.
Uno de los puntos más críticos del planteamiento gubernamental sería el traslado masivo de 6.606.371 usuarios entre Entidades Promotoras de Salud. De acuerdo con la Mesa de Asociaciones, más de 3,1 millones de afiliados serían trasladados a la Nueva EPS, mientras que otros 289.262 pasarían a Savia Salud y 533.429 a la EPS S.O.S., entre otros movimientos similares.
La organización advierte que estos traslados vulnerarían el derecho a la libre escogencia de EPS, ya que los usuarios serían asignados de manera automática a entidades intervenidas por el Estado, sin la posibilidad de elegir libremente su asegurador. Esta situación, afirman, desconoce garantías básicas del sistema y afecta directamente a millones de personas.
Otro aspecto que genera preocupación es que las EPS que recibirían el mayor número de usuarios son precisamente aquellas que se encuentran bajo intervención. La Mesa recuerda que, tanto la Contraloría General de la República como el propio Gobierno Nacional, han reconocido que estas entidades no han logrado mejorar de forma sustancial la oportunidad ni la dignidad en la prestación de los servicios de salud.
El eventual traslado masivo también implicaría un alto riesgo de interrupción de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, raras o que requieren cuidados especiales. La Mesa advierte que estos cambios estructurales podrían tener consecuencias graves e irreversibles para la salud y la vida de miles de personas.
Así mismo, el documento alerta sobre la posible materialización del denominado fenómeno “chu, chu, chu”, en el que aseguradoras sin la suficiente capacidad administrativa y financiera asumirían una alta carga de enfermedad. Esto, explican, generaría presiones económicas adicionales sobre EPS, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y, especialmente, sobre los usuarios, quienes terminarían pagando de su propio bolsillo ante la falta de acceso efectivo a los servicios.
Finalmente, desde la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud se hizo un llamado urgente para que no se adopten decisiones que, lejos de resolver la crisis humanitaria en salud, la profundicen. La organización insistió en la necesidad de cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y de garantizar el derecho fundamental a la vida y a la salud de todos los colombianos.
Ante esto, el Ministerio de Salud expresó que el proyecto de decreto sobre mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento con enfoque poblacional y territorial “no dispone traslados indiscriminados ni automáticos de afiliados”. Por otro lado, afirmó que “cualquier proceso de asignación de afiliados que pueda adelantarse se realizará con base en criterios técnicos, de manera gradual y con salvaguardas orientadas a proteger la continuidad del aseguramiento y la atención en salud de la población”.
“El propósito central del proyecto normativo es proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la adopción de criterios objetivos de ordenamiento territorial y poblacional del aseguramiento”, agregó la entidad.
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