SuperSalud inició proceso sancionatorio contra Fiduprevisora por salud de maestros
Con el cambio de modelo de salud, esa fiduciaria quedó encargada de armar la red de prestadores del régimen del Magisterio.
La Superintendencia de Salud inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra la fiduciaria La Previsora S.A —más conocida como Fiduprevisora—, que es la entidad que maneja los recursos del régimen de salud del Magisterio.
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Según la Supersalud, evidenció una presunta omisión y barreras en el acceso al derecho a la salud de la población diferencial como niños y niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Vale recordar que esa entidad impuso una medida cautelar y le había ordenado a esa fiduciaria atender de manera inmediata los casos presentados por los usuarios del Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).
Por otro lado, la superintendencia señaló que durante el periodo comprendido entre el 1 y el 19 de mayo de 2024, registraron 3.712 reclamaciones por parte de los maestros y beneficiarios del régimen de excepción del Magisterio.
De esos reclamos, a corte del 19 de mayo se encontraban sin atender 2.923 reclamaciones y solo contaban con respuesta el 21,26 %.
Así mismo, evidenció el caso puntual de cinco reclamos correspondientes a menores de edad y adultos mayores con diagnósticos asociados a enfermedades crónicas, catastróficas y de alto costo como el cáncer y pacientes con diagnóstico de VIH SIDA. Estos fueron calificados como priorizados y quienes tuvieron que acudir a la Supersalud y a acciones de tutela.
Además, el ente de supervisión evidenció que no se habría dado una respuesta oportuna y de fondo a los requerimientos remitidos por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario; así mismo, incumplió presuntamente las instrucciones y órdenes impartidas y no brindó solución de manera oportuna y de fondo a las PQRD (peticiones, quejas y reclamos), imponiendo, al parecer, barreras de acceso al derecho fundamental a la salud.
Con todo esto, la Fiduprevisora presuntamente incumplió su obligación de atender a los requerimientos de información, en condiciones de calidad, cobertura, oportunidad, pertinencia, fluidez y transparencia.
La entidad de salud explicó que estos casos relacionados por presuntas barreras de acceso se presentaron antes de la implementación del nuevo modelo de atención en salud para los docentes; sin embargo, estas irregularidades en la garantía de la prestación han predominado en el tiempo.
Entre las sanciones que podría imponer la superintendencia están la amonestación escrita; multas entre doscientos (200) y hasta ocho mil (8.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas jurídicas y entre (50) y hasta (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales; la revocatoria total o parcial de la autorización de funcionamiento, suspensión del certificado de autorización y/o el cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios; así como la remoción de representantes legales y/o revisores fiscales en los eventos en que se compruebe que autorizó, ejecutó o toleró con dolo o culpa grave conductas violatorias de las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud.
La Fiduprevisora tendrá cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa y contradicción.
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