Así estarían usando equipos de salud de Petro para la política: denuncian derroches

La sombra del uso político de los recursos del sistema de salud se hace cada vez más nítida. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha metido al menos $8,2 billones a financiar equipos básico de salud (EBS). Estos son grupos integrados por profesionales y técnicos del sector que recorren zonas rurales y apartadas para llevar atención en salud a las comunidades y asegurar que la gente pueda acceder a servicios desde su casa.

Los datos públicos del Ministerio de Salud señalan que desde agosto de 2022, han asignado $8,21 billones para las transferencias presupuestales a las entidades territoriales —a los hospitales públicos— para contratar EBS. De ese valor, según la información disponible, se han ejecutado $1,17 billones, lo que corresponde solo al 14,2 % del total; mientras que el valor pagado ha sido de $1,11 billones.

Le puede interesar: ¿Dónde están los $8,2 billones que destinó Minsalud para equipos básicos?

Así mismo, el Gobierno ha destinado $16,7 billones para el apoyo a programas de desarrollo de la salud–Ley 100 de 1993. Estos son los recursos que se usan para pagar proyectos de promoción y prevención e infraestructura hospitalaria pública.

Sin embargo, una investigación de La Silla Vacía advirtió que esas inversiones billonarias están siendo usadas con fines electorales en regiones donde el ministro Guillermo Jaramillo tiene una tradición política y presencia de aliados, como es el caso del municipio de Líbano (Tolima).

En esa población, la figura del exministro Alfonso Jaramillo Salazar es exaltada con homenajes públicos, mientras su hijo, el actual ministro de Salud mantiene una fuerte influencia política. De hecho, dice el reportaje mencionado, el hospital regional que lleva el nombre del padre del funcionario fue intervenido por la superintendencia del ramo a mediados de 2023 y, desde entonces, ha recibido millonarios recursos para financiar los EBS.

El Gobierno Petro ha transferido a hospitales públicos $8,2 billones para sostener estos equipos, aun cuando la atención preventiva hace parte de las obligaciones de las entidades promotoras de salud (EPS). Esta estrategia coincide con el eje central de la frustrada reforma a la salud del presidente Petro, que buscaba reducir el papel de gestión del riesgo financiero de las aseguradoras y fortalecer la red hospitalaria pública. Sin embargo, la ejecución de esos fondos carece de controles robustos que eviten prácticas clientelistas.

De hecho, en noviembre de 2025 EL COLOMBIANO mostró que los beneficios y la ejecución de qué se ha hecho con esos recursos es desconocido para el país. En la página del Minsalud que muestra el componente financiero de las transferencias no hay información sobre los contratos y actos administrativos, los rendimientos financieros reintegrados, los soportes documentales de esos giros ni la retroalimentación y cierre.

Tampoco hay datos de seguimiento y reintegros de la plata que esa cartera ha destinado a los EBS. En esos espacios lo que aparece son las leyendas “sin datos” y “no se puede acceder a los datos”. Todo esto quiere decir que no se sabe al detalle cuántos equipos hay en el país (aunque el presidente Petro ha mencionado que son 10.000), a quiénes se contrató ni qué hicieron esos grupos de profesionales, pues no hay informes de gestión.

En el caso del Líbano, contó La Silla Vacía, la Fundación Alfonso Jaramillo Salazar actúa como intermediaria entre los recursos de los EBS y la dinámica electoral del llamado ‘jaramillismo’. La sede de la fundación, antigua casa del directorio liberal, exhibe imágenes de la familia Jaramillo junto con publicidad de aspirantes al Congreso.

Uno de los candidatos vinculados a ese entorno es Marco Emilio Hincapié, aspirante a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, quien además fue contratado como coordinador nacional de enlaces territoriales de los equipos básicos. El reportaje señala a al menos otros doce políticos locales que ocuparon cargos similares como enlaces entre el ministerio y autoridades regionales (varios sin trayectoria en el sector salud).

Las funciones de estos enlaces han sido más políticas que técnicas. Algunos informes muestran tareas limitadas a asistir a reuniones informativas. Además, se documentan gestiones de lobby para favorecer municipios específicos en la asignación de dotaciones hospitalarias, lo que coincide con denuncias sobre un manejo discrecional de los recursos con fines electorales.

La mencionada fundación también ha servido como plataforma de apoyo a otros candidatos, como el representante Óscar Sánchez, quien busca llegar al Senado. Eventos sociales organizados allí han coincidido con actos de campaña y, según el reportaje de La Silla, se habría convocado a contratistas de los EBS a reuniones donde se promovían candidaturas. Aunque algunos participantes niegan actividades proselitistas, admiten que se solicitaron aportes económicos.

El hospital intervenido aparece rodeado de controversias políticas. Geovanny Arias, aliado del ‘jaramillismo’, ha sido señalado por supuesta influencia en la contratación tras la intervención administrativa. Aunque él lo niega, diversas fuentes locales sostienen que ejerce control indirecto sobre el ingreso de personal, mientras su esposa trabaja en el área de recursos humanos del centro asistencial.

Vale recordar que en 2025, la Contraloría auditó los EBS y expresó dudas sobre su ejecución, señalando debilidades en la supervisión ministerial. Cada equipo, compuesto por profesionales de enfermería, medicina y psicología, tiene un costo aproximado de $65 millones (que incluyen salarios de los ochos integrantes de cada equipo y gastos de transporte y operación) y la cantidad asignada a cada hospital depende de criterios que no siempre resultan transparentes.

Aunque el objetivo oficial es fortalecer la atención primaria en zonas rurales, los EBS operan dentro de un sistema que aún depende de la autorización de las EPS para tratamientos y remisiones. Esto genera desarticulaciones: mientras algunos hospitales reportan buena coordinación con ciertas aseguradoras, enfrentan obstáculos con otras, lo que limita el impacto real de los diagnósticos realizados en territorio.

Algunas organizaciones de salud han denunciado la falta de información sobre este programa. Según la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc), el Ministerio de Salud se ha negado a entregarles información para comprender cómo operan estos equipos, en los que se han invertido más de $4 billones y que, según el presidente Gustavo Petro, están mejorando los indicadores de salud.

El gremio indicó que desde el 6 de agosto del 2025 solicitó al ministerio informar cuántos EBS están funcionando en el país, cómo están conformados y cuáles son las modalidades de contratación del personal competente para su debido funcionamiento, pero no le dieron una respuesta de fondo.

Por otro lado, investigadores como Johnattan García advierten que los datos del Minsalud que señalan que hay 90.000 personas integrando 10.800 equipos recorriendo el país son inexactos. El académico demostró con cifras oficiales que de $1,6 billones asignados para ese programa habían girado el 67 % ($1,07 billones), de los cuales solo se ejecutó el 30 % ($321.600 millones).

Lo anterior da como resultado que del total asignado se ejecutó el 20 %. Esto indica que, en realidad, es una pequeña fracción de recursos los que realmente se tradujo en EBS contratados. Según García, eso significa que el número real de equipos funcionando es mucho menor al que se informa oficialmente.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.