Santoyo llega a la JEP: ¿prenderá el ventilador?

Uno de los expedientes de corrupción más robustos y polémicos del país salió de la Fiscalía General de la Nación y aterrizó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde podría destapar más detalles del papel de la Fuerza Pública y la clase política en el financiamiento de grupos paramilitares.

Se trata del caso del general en retiro Mauricio Santoyo, uno de los más altos mandos de la Policía que pagó 13 años de prisión en celdas estadounidenses tras reconocer alianzas con grupos al margen de la ley mientras era el jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

El escándalo ha sido tal, que una vez se conoció la decisión de extradición, en 2012, el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, lo tachó como uno de los más graves en los que se vio involucrado la Fuerza Pública y detalló que lo de Santoyo tenía una aliciente adicional porque había estado en los consejos de seguridad más importantes del país y conocía, desde adentro, información clave de los operativos y las estrategias de combate.

“Es grave. Él traicionó a la institución. (...) el enemigo estaba enterado de todas nuestras operaciones de ataque”, admitió Santos en ese entonces.

Pruebas ya pasaron a la JEP

Tras pagar su condena en Estados Unidos y regresar a Colombia, el general (r) fue recapturado en abril de 2019 cuando apenas aterrizaba.

Poco después, la Fiscalía General de la Nación declaró su falta de competencia en el caso tras asegurar que los delitos por los que se le investigaría eran de conocimiento exclusivo de la JEP.

Sin embargo, en los registros de la Jurisdicción quedó claro que Santoyo se tardó más de un año –hasta junio de 2021– en decidir que quería ser aceptado en la justicia especial en calidad de agente del Estado miembro de la Fuerza Pública.

¿La razón? Es posible que, hasta ese punto, la defensa de Santoyo aún estuviera evaluando qué le convenía más: si pelear su inocencia en la justicia ordinaria o acceder a la jurisdicción especial aunque eso implicara reconocer detalles nuevos, que es una de las condiciones para obtener los beneficios de la JEP.

Así las cosas, la Jurisdicción Especial recibió finalmente su petición oficial y lo aceptó mediante la resolución 4524 del 17 de septiembre de 2021.

Ahora, más de medio año después, la Fiscalía accedió a pasar el expediente a la JEP para que lo investigue también por enriquecimiento ilícito.

“En la investigación se estableció que Mauricio Santoyo Velasco, entre 1999 y 2009, mientras ostentó los grados de teniente coronel, coronel y brigadier general, constituyó un patrimonio de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensas”, dijo la Fiscalía.

Además, el ente acusador también tiene indicios de supuestos dineros que habría recibido el general (r) para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública.

Lo que contará

Además de los detalles de cómo se conformó dicha estructura criminal dentro de la Policía Nacional y cómo aportó a las autodefensas, Santoyo también podría tener detalles claves en por lo menos otros tres acontecimientos.

“El general (r) se hizo famoso desde el asesinato de Jaime Garzón porque, supuestamente, habría desviado las investigaciones. Así mismo, estuvo condenado por chuzadas ilegales cuando era funcionario del Gaula y fue procesado en Estados Unidos por lavado de activos”, detalló el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía.

Santoyo llega a una Jurisdicción ampliamente criticada por Uribe –el expresidente para el que trabajó entre 2002 y 2005– y por su partido Centro Democrático, quien ha apoyado múltiples proyectos de Ley para modificar la JEP o eliminarla por completo.

Por ahora, Santoyo deberá empezar a soltar verdades inéditas si quiere mantenerse allí y obtener beneficios como su libertad condicionada