Símbolos de vida y esperanza tras bomba en la General Santander

Este domingo 17 de enero se conmemoran dos años del atentado terrorista perpetrado con un carro bomba dentro de las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía ‘General Francisco de Paula Santander’, hecho que dejó como saldo la muerte de 22 jóvenes, entre ellos Juan Felipe Manjarrez Contreras, que es tan solo uno de los rostros que ha dejado la violencia en Colombia.

Este capítulo en la historia del país, que todavía enluta a los colombianos, no ha dejado de pasarle cuenta de cobro a las personas que fueron víctimas directas de este atentado cometido por el Eln. Es el caso de este joven de 22 años, que un mes antes del triste desenlace se había enterado que iba a ser padre junto a su pareja, Jennifer Zambrano, que también cursaba estudios en la General Santander.

“Todavía no sé cómo le voy a decir a mi hija que su papá no está, que por culpa de la violencia no tuvo la oportunidad de acompañarla, de darle un abrazo”, dice Jennifer, mientras las lágrimas escurren por sus mejillas. A esta nortesantandereana, que hace parte de las miles de víctimas que ha dejado la violencia, le tocó salir adelante sola con su hija.

Guadalupe Manjarrez Zambrano no tuvo la oportunidad de conocer a su padre. El día en que nació, el 23 de marzo de 2019, su familia estaba todavía pasando por el duelo de la pérdida de Juan Felipe. Solo habían transcurrido dos meses y unos pocos días del atentado y la llegada de la bebé, aunque fue reconfortante y feliz, también trajo muchos recuerdos a la cabeza de la madre.

“Su nombre es Guadalupe, porque él siempre me había dicho que quería que se llamará así, porque él era muy devoto de la Virgen de Guadalupe y quería que su hija conservará ese nombre”, recordó la mujer con nostalgia y con la voz entrecortada. Jennifer recuerda que su historia de amor empezó precisamente allí, donde también terminó la vida de su compañero sentimental.

La mujer, hoy radicada en Norte de Santander, manifiesta que estos dos últimos años no han sido fáciles para ella, porque después de vivir en carne propia la guerra, se llenó de motivos para culminar el sueño que se había aplazado, en primer lugar, cuando se enteró de su embarazo y después por el nacimiento de su hija y superar el duelo.

Jennifer cuenta que un mes antes del atentado se enteró que estaba embarazada, para ese momento ya tenía cinco meses de gestación. Aunque al principio sintió temor por la reacción que podría tener Juan Felipe, su pareja recibió la noticia muy feliz, “porque él quería ser papá joven, entonces él tenía mucha ilusión, porque su sueño se le había cumplido”.

Pero las circunstancias no permitieron que ese momento llegara, por lo que Jennifer consideraba que debía regresar a ese lugar para enfrentar sus temores y cumplir el sueño de ser policía, como algún día ambos lo habían soñado, un sueño que ahora no era solo de los padres, sino también que iba a beneficiar a su pequeña Guadalupe.

Y, aunque fue duro regresar, hoy no se arrepiente de la decisión que tomó. “Fue un proceso difícil, dejar el miedo al lado y ser valiente, pero siempre me decía que él estaba conmigo en todo momento, que él estaba en la Escuela y que me seguía apoyando, que no lo podía ver como antes, pero que él estaba ahí, que nunca me había dejado sola”, cuenta.

Según cuenta la mujer, Juan Felipe tampoco ha dejado sola a la bebé. “Ella mira al techo y empieza a reír, entonces dice ‘hola, ¿cómo estás?’ Y me pregunto con quién está hablando, puede ser un angelito enviado por él, de esa manera me siento más tranquila sabiendo que no lo tenemos presente físicamente, pero sí puede estar pendiente de la niña, puede compartir como un día lo soñó”.

Jennifer se graduó como oficial de la Policía en diciembre pasado y hoy en día se encuentra trabajando en el departamento que la vio nacer, Norte de Santander, luchando por su hija, que es su motor principal, pero también pidiendo justicia por lo que sucedió para que la muerte de su compañero sentimental, el padre de la pequeña no quede impune.

¿En qué va la investigación?

Dos años después del atentado perpetrado por el Eln, las autoridades han logrado avanzar en algunas líneas de investigación. Este fin de semana se inició el juicio oral en contra de Ricardo Andrés Carvajal Salgar, la primera persona capturada por este atentado. Este hombre es señalado como uno de los autores materiales.

La Fiscalía le imputó los cargos de terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, daño en bien ajeno y uso ilegal de material privativo de las Fuerzas Armadas en calidad de cómplice. Carvajal Salgar habría sido descubierto por medio de interceptaciones telefónicas en las que habría reconocido haber participado en el ataque.

Además, cuando allanaron su vivienda las autoridades indicaron que hallaron un manual de combatiente primera fase de instrucción, además de uniformes relacionados con el Eln.

Al proceso judicial también fueron vinculados Wilson Arévalo Hernández y Álvaro José Mateus Vargas, capturados en ese mismo año. El primero está siendo investigado por ser presuntamente la persona que hizo el contrato de venta del vehículo en el que se realizó el atentado a José Aldemar Rojas y también por ser el presunto responsable de trasladar el vehículo desde Arauca hasta Bogotá.

Por estos hechos, se le acusó por los delitos de rebelión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir. Este juicio, también se encuentra en etapa de estipulaciones probatorias, por lo que se espera que este año inicie el debate de pruebas.

El ‘Quesero’, como se le conocería a Mateus Vargas, era uno de los principales testaferros de alias ‘Pablito’, integrante del Comando Central del Eln, y que llevaba 12 años en la estructura financiera de la organización. Fue capturado en mayo de 2019 en Cúcuta y condenado por un juez de Yopal, a 8 años de prisión por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y financiación del terrorismo.

En este proceso, la Fiscalía lo acusó por haber aportado considerables sumas de dinero para financiar no solo el atentado a la Escuela General Santander, sino otros propósitos ilegales. Esto se habría realizado a través de dineros producto de su empresa ‘Lácteos El Arauqueño S.A.S’, que serviría de fachada para lavar activos ilícitos y sus vehículos utilizados para transportar clorhidrato de cocaína.

En julio de 2020 las autoridades anunciaron la captura y posterior judicialización de ocho sujetos que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado. Estas personas, presuntamente, serían cooperantes de alias ‘Quesero’, pues harían parte del Frente de Guerra Oriental y el Frente de Guerra Urbana, y cada uno cumplía una tarea específica durante el atentado.

Andrés Felipe Oviedo, alias ‘Jesús’ o ‘Barbas’, fue el encargado de la planificación bajo las órdenes del Coce del Eln. Por su parte, Angie Lorena Solano, alias ‘Maco’, y Carlos Arturo Martín, aparentemente acompañaron en motocicleta el carro bomba durante su recorrido.

Alias ‘Barbas’ y ‘Maco’ fueron acusados por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, terrorismo y rebelión. Carlos Arturo Marín, debido a su avanzada edad y estado de salud fue cobijado con detención domiciliaria.

Por financiar el atentado, Jessica Catherine Barrientos, ‘Jessica’, señalada por la Fiscalía de integrar la Comisión de Finanzas del Frente de Guerra Oriental, y Miguel Antonio Castillo, ‘Toño’, propietario de dos empresas queseras de Arauca y Bogotá, se les acusó de financiación al terrorismo, terrorismo y rebelión.

Carlos Felipe Mateus y Sebastián Mateus, hermanos del ya condenado Álvaro José Mateus, fueron acusados por dirigir comercializadoras de lácteos que habrían servido como fachada para legalizar dineros del Frente de Guerra Oriental. Por una transferencia de 1500 millones de pesos a la estructura del Eln que ejecutó el ataque, Anyi Daniela Martínez, alias ‘Dani’, fue acusada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Por su parte, la Procuraduría General vinculó en 2019 a los generales Carlos Enrique Rodríguez González y Juliette Kure Parra, quienes para la época de los hechos estaban al mando de la Dirección Nacional de Escuelas y de la Dirección General Santander, respectivamente. Este proceso se encuentra en evaluación de las pruebas, para decidir si formulan cargos disciplinarios o se archiva.