Petro impulsa consulta de salud, pero suben tutelas en las EPS que controla

La última perla con la que salió el Gobierno del presidente Gustavo Petro en cuanto al manejo del sector salud fue incluir cuatro preguntas sobre el sistema en la nueva consulta popular que radicó —por interpuesta persona: el ministro Guillermo Jaramillo— ante el Senado esta semana. Entre tanto, cientos de miles de pacientes y usuarios siguen padeciendo demoras en la prestación de servicios y el número de tutelas que se presentan ante los jueces buscando proteger ese derecho aumentaron exponencialmente en el último año.

Hay que recordar que esas preguntas abordan la compra y producción de medicamentos, el futuro y transformación de las entidades promotoras de salud (EPS), el cambio de enfoque en el modelo de atención y el régimen laboral de los profesionales del sector.

En el medio, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza dio a conocer unas cifras que dan muestra de las dificultades que están teniendo los pacientes para ir al médico, hacerse una operación o reclamar sus medicamentos. Si bien a primera vista lo segundo no tendría nada que ver con lo primero, hay una relación de causalidad entre ambos hechos, que deja al descubierto que las acciones e inacciones del Gobierno están impactando de manera negativa el sistema de salud.

Savia Salud encabeza

En primer lugar, los datos expuestos por Pedraza señalan que en siete EPS que actualmente están bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia de Salud se han incrementado el número de pretensiones en tutelas entre 2023 y 2024 (ver gráfico arriba). Aquí vale la pena explicar que las cifras corresponden al número de solicitudes y no al de tutelas, pues en una misma tutela se pueden pedir una o varias solicitudes.

En 2024, según información de la Corte Constitucional, hubo 220.729 pretensiones mediante este recurso judicial presentadas contra esas aseguradoras. Están distribuidas de la siguiente manera: Nueva EPS con 100.902; Savia Salud con 33.817; Sanitas con 33.055; Emssanar con 18.510; Asmet Salud con 16.500; Famisanar con 16.306, y Servicio Occidental de Salud (SOS) con 1.639.

Esa evidente disparidad, sin embargo, debe ponerse en contexto: es por la diferencia poblacional entre estas. Por ejemplo, Nueva EPS tiene 10,8 millones de afiliados, mientras que Savia Salud, Sanitas y Asmet Salud tienen 1,6 millones, 5,6 millones y 1,8 millones, respectivamente.

Es por eso que la mejor forma de medir los datos es mediante la tasa, que en este caso es el número de pretensiones por cada 10.000 afiliados, para que haya un rasero equitativo de medición.

Así las cosas, queda que en 2024 la EPS intervenida que mayor tasa de pretensiones en tutelas presentó fue Savia Salud con 201, y le siguen Emssanar con 110; Asmet Salud con 105; Nueva EPS con 87; Famisanar con 59; Sanitas con 57 y Servicio Occidental de Salud (SOS) con 22.

Lo anterior deja ver un hecho particular: las tres con mayor tasa de pretensiones en tutela tienen en su mayoría a afiliados del régimen subsidiado, es decir, las personas que no son cotizantes al sistema porque no tienen empleo formal y su atención en salud la cubre el Estado. En el caso de Savia Salud, tiene 1,5 millones de afiliados en ese régimen; Asmet Salud, 1,5 millones, y Emssanar a todos.

Para el investigador en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, “las tutelas están ligadas a la posibilidad de acceder a abogados o mecanismos para presentarlas; por lo cual, que en EPS del régimen subsidiado están creciendo podría indicar que hay más necesidades en salud por cumplir en las personas de bajos ingresos”.

O también que haya habido más acceso y conocimiento de este mecanismo “por acción de organizaciones sociales o de instituciones públicas, como la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales o distritales”. En todo caso, concluye que “implica una mayor exigencia por parte de usuarios que normalmente no utilizan ese mecanismo y se traduce en más conocimiento jurídico de los afiliados”.

Incremento año a año

Las cifras de la Corte Constitucional, entregadas a Jennifer Pedraza mediante un derecho de petición, muestran la evolución de las tutelas entre 2021 y 2024. Lo primero que se observa es que, si bien el cambio al paso de los años tuvo tendencia al incremento (salvo Asmet Salud), de 2023 a 2024 —año en que se dieron o continuaron las intervenciones de la Supersalud— se dio una subida más fuerte.

En 2021, contra Savia Salud se presentaron 38 pretensiones en acciones de tutelas por cada 10.000 usuarios; seguida por Nueva EPS, contra la que se interpusieron 26; Asmet Salud, que tuvo 24; Emssanar, que registró 21; Famisanar, 11; Sanitas y Servicio Occidental de Salud (SOS), con tres.

Para 2022, la tasa de pretensiones lo lideró Savia Salud, con 75; y le siguieron Emssanar con 60; Nueva EPS con 47; Asmet Salud con 47; Sanitas con 29; Famisanar con 21, y Servicio Occidental de Salud (SOS) con 6.

Posteriormente, en 2023, Savia Salud estuvo a la cabeza con 126 y detrás Asmet Salud con 119; Emssanar con 80; Nueva EPS con 62; Sanitas con 48; Famisanar con 38 y Servicio Occidental de Salud (SOS) con 15.

En 2024, finalmente, hubo una tasa de 201 pretensiones contra Savia Salud, de 110 contra Emssanar, de 105 contra Asmet Salud, de 87 contra Nueva EPS, de 59 contra Famisanar, de 57 contra Sanitas y de 22 contra Servicio Occidental de Salud (SOS).

¿Qué causa este incremento?

El cambio marcado en la tendencia al alza de las tutelas en los cuatro no es porque sí. Según le explicó a EL COLOMBIANO el autor y consultor en sistema de salud, Ramón Abel Castaño, se trata de una causalidad que genera la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que el Estado les reconoce a las EPS para la atención de sus afiliados. Un tema sobre el que la Corte Constitucional ha establecido que su incremento —a cargo del Ministerio de Salud— quedó rezagado para cubrir la demanda de servicios y le ordenó al ministerio crear y reiniciar una mesa técnica con los actores del sector para ajustarla.

“Si el incremento de la UPC para 2024 fue insuficiente, el de 2025 fue mucho más insuficiente, lo cual generó una brecha entre ingresos y gastos que ahora es mucho mayor”, aseguró Castaño.

De igual manera, agrega que ese faltante de recursos está generando que las aseguradoras “empiecen a demorarse en los pagos a sus prestadores de servicios (IPS), a demorar procedimientos y empiecen a quedar mal en la entrega de medicamentos y con los operadores farmacéuticos (que almacenan y distribuyen los fármacos). Entonces cuando la gente va a reclamarlos, no se los dan o se los dan incompletos o les dicen que vuelvan en una semana”.

“También hace que se incremente la cartera morosa (deudas) de las EPS con sus prestadores (hospitales y clínicas), pues tienen menos recursos para pagar y eso genera cuellos de botella en los servicios a la gente, que terminar traduciéndose en el aumento de quejas y tutelas”, añadió.

El exministro de Salud Alejandro Gaviria ejemplifica esto con la demora en la entrega de medicamentos, que, con el 26%, es uno de los principales motivos por los que se han interpuesto tutelas en los últimos tres años. “Al no alcanzar la plata, las deudas de las EPS con los operadores logísticos crecen, las deudas de estos están aumentando con las compañías farmacéuticas y estas reciben un mensaje de sus casas matrices en otros países diciéndoles que no acumulen más deudas: ‘Si no les pagan de manera inmediata, no entreguen medicamentos’”, dice.

De hecho, el estudio de cartera hospitalaria número 53 de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) expuso que para diciembre de 2024 las aseguradoras intervenidas y en vigilancia especial adeudaban más de $10 billones a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS): el 77,4 % del total de la deuda que tienen las que están en operación. Y una cartera morosa de $5,5 billones: el 83,8 % del total de la que tienen las que funcionan.

Por su parte, el investigador Giovanni Jiménez advierte sobre la relación entre la insuficiencia de la UPC y el aumento de tutelas que puede también ser consecuencia “del giro directo en las aseguradoras intervenidas”. El giro directo es cuando el Estado, a través de la Administradora de Recursos de la Salud (Adres), le paga a las IPS sin pasar por las EPS. Un mecanismo que, según Jiménez, ha causado que se pierda el control del gasto, que es hacer que la plata alcance para atender a toda la gente: función que desempeñan las EPS.

“Al ser más laxos con la auditoría, las IPS tenderán a facturar más servicios y el impacto se verá en los usuarios. Los prestadores no hacen control del gasto, que lo hacen las EPS y es tratar de equilibrar la distribución de recursos según criterio médico de quién necesita una atención más urgente”, explica Jiménez.

La intervención también impacta

En esta cadena de causas y efectos, el hecho de que estén intervenidas por la Supersalud también impacta en la subida de tutelas interpuestas. Sobre esto, el consultor Castaño expresó que “el Gobierno anuncia intervenciones para proteger el goce del derecho a la salud, pero lo cierto es que todas empeoran porque se disparan las deudas, las quejas y los indicadores financieros”.

Por su parte, Jiménez opina que la “gestión de los agentes interventores no está centrada en los pacientes, sino en solventar problemas financieros en las EPS y eso implica demorar pagos a prestadores, lo que termina convirtiéndose en demoras en la atención”. Sobre esto, expuso que lo hacen así siguiendo los lineamientos de la Contraloría que dicen que los recursos de la UPC del año no se pueden usar para pagar cosas de años anteriores.

Y para cerrar, tanto Jiménez como Castaño coincidieron en criticar las cuatro preguntas que el Gobierno Petro metió en la consulta popular.

“No tienen ninguna intención de resolver nada más allá de una intención electoral y por eso el Senado se las ha bloqueado. Si quieren resolver algo, tienen instrumentos regulatorios para hacer lo que plantean esas preguntas”, aseguró Ramón Abel Castaño.

“Las preguntas son idealistas que abordan estas problemáticas sin establecer una solución real y no es claro cómo van a llevarlos a la práctica. Además, estas deben ser sobre lineamientos de políticas, pero no sobre acciones puntuales y la pregunta sobre la transformación de las EPS es muy específica”, concluyó Giovanni Jiménez.

Para saber más: Entre la medicina y la política: él es el polémico Guillermo Jaramillo