Tribunal mantiene demanda que busca tumbar convenio con Portugal para los nuevos pasaportes
La Procuraduría cuestiona el acuerdo firmado por más de $1,3 billones, que según dice, presenta inconsistencias con respecto a su financiación.
El gobierno del presidente Gustavo Petro parece encaminado a cerrar su mandato con varios de los tropiezos que lo marcaron desde el inicio aún sin resolver. La crisis en el sistema de salud, las tensiones políticas, las fracturas en su gabinete y el lío con el cambio en la fabricación de pasaportes han sido temas recurrentes.
En el caso de los pasaportes, a pocas semanas de terminar su periodo, el proceso sigue sin consolidarse, luego de haber intervenido un modelo que funcionó por más de 40 años en el país. En medio de ese limbo, se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió seguir adelante con la demanda que busca tumbar el nuevo convenio.
La decisión deja en firme el proceso impulsado por la Procuraduría General de la Nación, que pretende anular el convenio firmado con una entidad pública de Portugal para la producción de pasaportes. El Tribunal tomó esta determinación tras rechazar un recurso del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que alegaba que el caso no debía ser estudiado por ese despacho y que faltaba una conciliación previa.
El magistrado ponente, José Élver Muñoz Barrera, resolvió el recurso de reposición con el que la entidad buscaba tumbar la admisión de la demanda, proferida el 20 de octubre de 2025. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la Procuraduría sí puede llevar este caso ante la justicia, ya que actúa en defensa del interés público y no como parte del contrato.
Además, dejó claro que este tipo de controversias no se pueden resolver mediante acuerdos entre las partes, sino que deben ser analizadas por un juez que determine si el convenio cumple o no con la ley.
La demanda presentada por la Procuraduría cuestiona un acuerdo firmado entre las partes por más de $1,3 billones, que, según el organismo de control, presenta serias inconsistencias relacionadas con su financiación.
En la pretensión principal, la Procuraduría solicita la nulidad absoluta del convenio firmado el 28 de julio de 2025 con una persona extranjera de derecho público, celebrado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Imprenta Nacional Casa da Moneda de Portugal, para efectos de cooperación y participación.
Uno de los principales reparos del ente de control es que el convenio no tendría garantizados los recursos para su ejecución. De acuerdo con el numeral quinto del acuerdo, este “no cuenta con recursos para su ejecución”, y establece que las entidades deberán apropiar los fondos necesarios en cada vigencia fiscal para poder suscribir los contratos derivados de la prestación del servicio.
La Procuraduría también señaló que, aunque el acuerdo se tramitó bajo las reglas de contratación con organismos internacionales, estas no se habrían cumplido plenamente.
Adicionalmente, la Procuraduría pidió que, en caso de comprobarse irregularidades, se ordene la devolución de los dineros pagados en desarrollo del contrato, con sus respectivos intereses.
El Tribunal advirtió que el recurso de reposición no es la vía procesal correcta para debatir la falta de competencia por una cláusula compromisoria, una discusión que deberá proponerse formalmente en la etapa procesal destinada para la contestación de la demanda.