Estos son los nuevos funcionarios del Gobierno Petro que la Corte Suprema pidió investigar por caso UNGRD

En un nuevo capítulo del escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue a once funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro por su presunta participación en los hechos.

La decisión fue adoptada por el despacho del magistrado Misael Rodríguez, en el marco de la investigación que adelanta contra congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señalados de haber recibido millonarios proyectos de la UNGRD a cambio de respaldar los créditos del Gobierno en el Congreso.

El alto tribunal pidió indagar al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como a los exministros Gloria Inés Ramírez, Mauricio Lizcano, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, entre otros. La decisión se produjo un día después de que María Alejandra Benavides Soto, exasesora del ministro Bonilla, rindiera una extensa declaración ante la Sala de Instrucción del alto tribunal.

Así mismo, la corporación compulsó copias contra los exfuncionarios, Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González, este último ya fue judicializado por su presunta participación en el entramado corrupto y está prófugo de la justicia.

Los congresistas investigados, cuyo proceso dio origen a la compulsa de copias, son Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

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Según varios testimonios, los congresistas habrían recibido contratos destinados a la atención de emergencias a cambio de votar a favor de los créditos solicitados por el Gobierno Nacional.

Los antecedentes de la investigación a los exministros

En el caso de los exministros, fueron mencionados por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, al afirmar que hicieron parte de un supuesto cónclave donde se habló del direccionamiento de contratos de la entidad.

Según López, en la oficina de Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE, –en reuniones el 27 de noviembre de 2023 y luego otra el 15 de diciembre– se gestó un supuesto “cónclave” desde donde se habrían orquestado los actos corruptos para ordenar comprar congresistas.

En las reuniones al parecer participaron el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el exministro del Interior, Luis Fernanda Velasco, entre otros.

Al respecto, sobre ese encuentro Ramírez, ha dicho dicho que asistió a reuniones de reformas del Gobierno, pero solo en temas técnicos y que luego se retiraba.

Por su parte, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha sostenido que la reunión en la Casa de Nariño, a la que López hace referencia, no fue un cónclave secreto, sino una sesión ordinaria del Comité Político. “Esa reunión no era ningún cónclave, era la reunión periódica que citaba el director del Dapre, conocida como Comité Político”, explicó Velasco.

“En esa reunión se estudiaba el estado de opinión del país, se analizaban encuestas, se revisaban avances del gobierno y se discutían las dificultades y avances de la agenda legislativa”.

El exministro ha cuestionado de forma insistente la veracidad de las declaraciones de Olmedo López, asegurando que contienen múltiples contradicciones que, según él, quedarán en evidencia ante la justicia. “López tiene un sinnúmero de contradicciones fáciles de demostrar en sus declaraciones”, afirmó Luis Fernando Velasco. “No lo haré en público, sino ante los funcionarios judiciales”.

El supuesto cónclave, de acuerdo con testigos, habría tenido como propósito coordinar el desvío de contratos que serían entregados como sobornos a congresistas de la Comisión de Crédito Público, a cambio de su apoyo con votos a favor del Ejecutivo en temas relacionados con operaciones de crédito.

En el expediente se detalla que, a cambio de respaldar dichos conceptos, los congresistas habrían recibido dádivas representadas en proyectos gestionados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con ejecución en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

“En los últimos 18 días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron 13 de los 18 conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023”, señala el expediente en la Corte.

En el caso del desvío de contratos en la UNGRD, María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, fue acogida por la Fiscalía como testigo luego de obtener un principio de oportunidad.

La exfuncionaria aseguró que recibió órdenes directas del entonces ministro Ricardo Bonilla para reunirse con varios congresistas y coordinar la asignación de contratos a cambio de su respaldo en votaciones clave para el Gobierno.

Por estos hechos también están siendo investigados el exministro Bonilla, el exministro de Hacienda Diego Guevara; Kevin Fernando Henao Martínez, exdirector de asuntos legislativos del Ministerio del Interior, y Alba Nury Martínez Barrera, quien fue asesora y secretaria privada del despacho del ministro de Hacienda. Entre otros.