Lo que viene para Iván Name y Andrés Calle tras su captura; ¿y los demás?
Los congresistas deberán permanecer en una guarnición militar mientras avanza la investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción.
En el escándalo de la UNGRD se abrió un nuevo capítulo rotulado: Iván Name y Andrés Calle, los poderosos expresidentes del Congreso, presos por posible corrupción.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de ambos congresistas tras aprobar la imposición de medidas de aseguramiento en su contra. La noticia ya es vista como la antesala de lo que podría suceder con otros parlamentarios involucrados, que, pese a los testimonios que los comprometen, aún permanecen en libertad.
Todo ocurre en medio de un ambiente político ya de por sí convulsionado, por lo que la ebullición podría ser aún mayor al interior del Congreso, dada la relevancia de sus protagonistas.
Name y Calle venían de ocupar las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, cargos de alto poder e influencia que, al parecer, habrían utilizado para su beneficio, recibiendo millonarios sobornos a cambio de favorecer los intereses del Gobierno.
Por eso, la Corte Suprema les formuló cargos como presuntos responsables de los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación.
La decisión se basó en la existencia de elementos suficientes que darían cuenta de su participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Aunque se trata de un mismo caso, la Corte adoptó decisiones mediante ponencias separadas en cada expediente.
Ambos documentos incluyen un robusto acervo probatorio, con énfasis en pruebas testimoniales y documentales que comprometen de forma directa a los dos congresistas.
Este episodio marca un hecho sin precedentes: Name y Calle son los primeros congresistas en ejercicio que reciben orden de captura dentro de esta investigación, que salpica a altos funcionarios del Estado y revela un mecanismo sistemático de desvío de recursos públicos con fines políticos.
Tres testimonios fueron claves para que la Corte decretara la medida de aseguramiento: los de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.
El testimonio de Ortiz tiene un peso particular. En un inicio, negó cualquier implicación suya y de sus allegados, como el senador Name. Sin embargo, tras ser vinculada formalmente al proceso y privada de la libertad, cambió su versión y decidió hablar.
El expediente sostiene que Ortiz recibía órdenes del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, para que, entre otras cosas, “aceitara” a ciertos congresistas, entre ellos a Name y Calle.
Pero además están las versiones de López y Pinilla en las que señalan que el senador Name habría recibido $3.000 millones como soborno, aunque él lo niega categóricamente.
Según la Fiscalía, el dinero le habría sido entregado en dos tandas, cada una por $1.500 millones en efectivo. Las bolsas con el dinero habrían sido entregadas por Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla en el mismo apartamento donde, dos años después, la Policía capturó a Name por orden de la Corte este martes.
Versiones apuntan a que el dinero fue usado para financiar la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name, hija del hoy capturado.
Capítulo: Andrés Calle
El representante es acusado de haber recibido $ 1.000 millones, bajo la misma modalidad.
La entrega habría sido realizada por Sneyder Pinilla, por orden de su jefe, Olmedo López, entonces director de la UNGRD. López, a su vez, habría recibido la instrucción de Carlos Ramón González.Pinilla detalló que tuvo que desplazarse hasta la casa de Calle en la ciudad de Montería para concretar la entrega.
No fue una operación sencilla. Fiel a la lógica de una organización criminal, sus integrantes cuidaron cada detalle.
Por ejemplo, para que el traslado del dinero desde Bogotá hasta Montería no levantara sospechas, decidieron hacerlo a través de criptomonedas.
“Si bien no se comparte la decisión, esta será acatada en su integridad y será asumida como una oportunidad para ejercer el derecho fundamental de defensa en todas las instancias y por las vías que en derecho correspondan, con total respeto a la institucionalidad y a la administración de justicia”, dijo Calle al conocer la medida de aseguramiento en su contra.
Los delitos por los que ambos parlamentarios son investigados, cohecho propio y peculado por apropiación, contemplan penas, según el Código Penal colombiano, de entre 3 y 6 años de prisión en el primer caso, y de 4 a 10 años en el segundo, dependiendo de la cuantía del daño y la gravedad de la conducta.
Calle y Name deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza la investigación. Inicialmente, el caso es asumido por la Sala de Instrucción; una vez sean llamados a juicio, lo tomará la Sala Penal de la Corte Suprema.
La corporación dispuso guarniciones militares o centros policiales especiales para que los legisladores cumplan la medida privativa de libertad, como ya ocurre con Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz.
En medio de este terremoto político y judicial, una pregunta sigue sin respuesta: ¿qué va a pasar con los exfuncionarios Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco? Los tres, antiguos escuderos del presidente Petro, han sido ampliamente mencionados como las cabezas detrás del direccionamiento de contratos en la UNGRD.
Contratos que debían atender emergencias naturales en el país, pero terminaron, presuntamente, alimentando los bolsillos de congresistas aliados.
De González se sabe que, desde hace varias semanas, salió del país y se radicó en España por tiempo indefinido. Mientras tanto, Bonilla y Velasco han optado por el silencio y la discreción.
Pero el capítulo no cierra allí. La Corte también abrió expediente a otros siete congresistas mencionados como posibles beneficiarios de contratos y otras dádivas. Ellos son: Juan Pablo Gallo Maya, del Partido Liberal; Juan Diego Muñoz Cabrera, (Alianza Verde); Karen Astrith Manrique Olarte, de una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz; Liliana Esther Bitar Castilla, (Conservador); Julio Elías Chagüi Flórez, (Partido de la U) y Julián Peinado Ramírez, (Liberal).
Si el expediente de Name y Calle marca el precedente, los congresistas mencionados deben estar afinando sus defensas ante una posible decisión similar por parte de la Corte