Gobierno firmó contrato de $20.900 millones en la UNP para resolver lío que heredó de Petro

Durante las últimas semanas de julio, escoltas de la UNP hicieron plantones y protestas para denunciar presuntas irregularidades dentro de la entidad. Sin embargo, el problema lo heredó el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien tuvo que firmar un contrato millonario para evitar la desprotección de quienes cuentan con esta seguridad.

Justamente, la posibilidad de que más de 1.200 beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) quedaran sin escoltas llevó a la entidad a adoptar una medida excepcional: contratar de manera directa un servicio de protección por más de 20.900 millones de pesos.

La decisión se produjo en medio de una difícil situación administrativa y judicial que dejó en suspenso el principal proceso de contratación para garantizar estos esquemas de seguridad en medio de la transición del gobierno.

Según reveló Cambio, el problema tuvo origen en una licitación que comenzó a estructurarse durante las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro. El proyecto contemplaba inicialmente la contratación de servicios de protección para diez regiones del país y contaba con un presupuesto estimado de 825.687 millones de pesos.

Sin embargo, los recursos finalmente disponibles estuvieron muy por debajo de lo proyectado. La UNP explicó que el Ministerio de Hacienda no asignó la totalidad de los fondos requeridos, situación que obligó a rediseñar el proceso. Como resultado, la convocatoria quedó limitada a las zonas 1 y 2, con un presupuesto cercano a los 78.000 millones de pesos y una ejecución prevista hasta septiembre de este año o hasta el agotamiento de los recursos.

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La entidad justificó el ajuste presupuestal señalando que, durante el último año, tuvo que asumir mayores costos por el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones del país, especialmente en el Catatumbo, así como por el fortalecimiento de los esquemas de protección de candidatos durante las elecciones pasadas.

A pesar de las modificaciones, la convocatoria avanzó inicialmente y recibió una amplia participación del sector. De acuerdo con la información conocida por el medio citado, se presentaron 184 observaciones formuladas por 34 empresas y uniones temporales interesadas en el contrato.

Pero luego, el proceso terminó frenado por una ola de acciones judiciales. Más de 70 tutelas fueron radicadas contra la licitación y una de ellas logró una medida provisional que suspendió todo el procedimiento.

El 17 de julio, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó detener de manera inmediata las actuaciones relacionadas con la adjudicación. El despacho consideró que existían cuestionamientos sobre la división territorial del contrato y advirtió que una eventual adjudicación podría afectar derechos fundamentales relacionados con el trabajo y el mínimo vital de los demandantes.

Mientras el litigio seguía sin una definición de fondo, la entidad comenzó a advertir sobre los riesgos que implicaba mantener paralizada la contratación. La preocupación principal era la continuidad de los esquemas de protección.

Paralelamente, el contrato que mantenía la operación en la denominada Zona 1 se acercaba a su límite legal. Ese acuerdo, firmado en mayo de 2026 con la Unión Temporal Andinos-040, había sido prorrogado en varias oportunidades y recibió adiciones presupuestales sucesivas.

El valor inicial del contrato era de 48.474 millones de pesos, pero tras varias modificaciones alcanzó los 72.711 millones. Con ello llegó al máximo permitido por la Ley 80 de 1993, que establece que las adiciones no pueden superar el 50 % del valor original del contrato.

La millonaria adjudicación

Con la nueva licitación suspendida por orden judicial y el contrato vigente al límite de recursos, la UNP se quedó sin margen para garantizar la continuidad del servicio.

Para evitar que los beneficiarios quedaran sin escoltas, la entidad declaró una urgencia manifiesta y adjudicó directamente un contrato por $20.901 millones a la Unión Temporal Andinos-040, que ya contaba con el personal y la infraestructura necesarios para mantener la operación en Bogotá, Cundinamarca, Cauca y Norte de Santander.

Según la documentación revisada por Cambio, el mismo día de la declaratoria de urgencia, la unión temporal modificó su acuerdo interno para ampliar su objeto y permitirle participar en futuros contratos con la UNP, independientemente de la modalidad de contratación.

La coincidencia de las fechas, sin embargo, no constituye por sí sola una irregularidad. La contratación permitió mantener los esquemas de seguridad mientras se define el futuro de la licitación que permanece suspendida por orden judicial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la UNP tuvo que adjudicar directamente un contrato de $20.900 millones?

La Unidad Nacional de Protección recurrió a la contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta debido a la suspensión judicial de la licitación principal y al agotamiento del tope legal del contrato vigente en la Zona 1. La medida buscó evitar que más de 1.200 beneficiarios de seguridad quedaran desprotegidos.

¿Por qué se suspendió la licitación de la UNP iniciada en el gobierno de Gustavo Petro?

El proceso se frenó por orden del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira tras conceder una medida provisional a una de las más de 70 tutelas radicadas en su contra. La decisión judicial cuestionó la división territorial del contrato y advirtió posibles afectaciones al derecho al trabajo y al mínimo vital de los demandantes.

¿Qué causó el rediseño inicial de la licitación de protección?

Aunque el proyecto original contemplaba un presupuesto de $825.687 millones para diez regiones, el Ministerio de Hacienda no asignó la totalidad de los recursos. La entidad tuvo que limitar la convocatoria a las zonas 1 y 2 con un presupuesto ajustado cercano a los $78.000 millones.