Uribe: congresistas del CD no recibirán el aumento salarial
Periodista de la Universidad del Quindío. De Calarcá.
Tras la polémica generada en el país por el decreto que aumentó el salario de los congresistas 5,12 %, para la vigencia 2020 y que había sido suspendido en julio pasado por la pandemia, el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró que los congresistas del Centro Democrático, no lo recibirán.
En su cuenta de Twitter, el máximo líder de este partido, aseguró: "Congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración, analizan si lo rechazan o lo destinan a una tarea social".
La noticia se conoció este jueves y generó especial rechazo ciudadano, teniendo en cuenta que el presidente, Iván Duque, firmó el decreto el 24 de diciembre pasado, lo que fue interpretado por sectores de la ciudadanía como un aguinaldo para los congresistas.
En el Decreto 1779 se puede leer que “rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente el Decreto 309 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 10 de enero de 2020”, lo que indicaría su efecto retroactivo, es decir, que los congresistas recibirán el aumento acumulado en su próximo salario, pese a que volverán a sesiones en marzo próximo.
Posteriormente, en un video de 51 segundos, Uribe Vélez aseguró que los 51 congresistas de su partido, entre todos, se encargarán de tomar la decisión final. "El partido insistirá en la disminución de congresistas y del salario".
Asimismo, aprovechó para volver a poner en la agenda el referendo que impulsa su partido, con el que quieren reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), "para que no estén en el Congreso personas de Farc, responsables de delitos atroces como la violación de niños".
Por último destacó que con la reforma que buscan a la JEP también esperan que haya otra entidad que se encargue de juzgar a las Fuerzas Armadas y a los integrantes de estas, para que sean procesados por los delitos que cometieron en el conflicto.
La JEP, en la actualidad, adelanta investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública presuntamente implicados en ejecuciones judiciales, que en el país son conocidos como "falsos positivos", lo que no es otra cosa distinta que hacer pasar a civiles inocentes, como guerrilleros en combate.