Uribe insiste en su inocencia en el caso del hacker Sepúlveda y renuncia a la prescripción de la investigación
La investigación inició nueve años atrás por presuntas interceptaciones a negociadores del proceso de paz con las Farc.
Una audiencia sin mayores expectativas terminó en un hecho inédito protagonizado por el expresidente Álvaro Uribe.
Lo que parecía ser una diligencia de trámite, en la que la Fiscalía General de la Nación solicitaría la prescripción de la investigación contra el exmandatario, dio un giro inesperado cuando el propio Uribe pidió la palabra y renunció públicamente a dicha solicitud.
“Ruego a usted no aceptar esta solicitud de preclusión. Me permito renunciar a la prescripción y voy a dar solamente una razón, señora juez: está aprobado que yo me enteré de esos temas cuando aparecieron por los medios de comunicación. Nunca tuve participación”, declaró el expresidente, visiblemente enfático en su intención de continuar en el proceso judicial.
La Fiscalía había pedido cerrar la investigación únicamente por el delito de concierto para delinquir, al considerar que había operado la prescripción. No obstante, Uribe manifestó su decisión de renunciar a ese beneficio legal, lo cual obliga a que el proceso continúe.
El caso se remonta a 2014, cuando comenzaron las indagaciones sobre el posible uso de información obtenida de manera ilegal por el hacker Andrés Sepúlveda. Dicha información estaría relacionada con los negociadores del proceso de paz en La Habana, Cuba, y, según el propio Sepúlveda, tenía como destino final favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.
“La información fue conocida por Álvaro Uribe y publicada por él en redes sociales”, leyó la fiscal durante la audiencia, refiriéndose a las declaraciones de Sepúlveda.
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La investigación contra Uribe avanza en etapa preliminar y contempla varios delitos: acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales, uso de software malicioso y concierto para delinquir. Aunque la solicitud de preclusión se centraba en este último delito, la decisión del expresidente de seguir vinculado al proceso representa un giro en un expediente que lleva más de una década abierto.
Sin embargo, la última palabra la tiene la juez, quien deberá decidir si accede a la petición de la Fiscalía de precluir el proceso o, por el contrario, avanzar como lo pidió el exmandatario.
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A su vez, la defensa del expresidente, el abogado Jaime Granados, pidió a la juez acoger la petición de su cliente.
“Esto es un hecho objetivo y público, manifestado por él. Teniendo en cuenta esa circunstancia, con el mayor respeto, le solicito un pronunciamiento sobre su petición. Si el que sería beneficiario de la prescripción ha hecho expresa referencia a que renuncia a la misma, considera la defensa técnica, que lo único que procedería sería pronunciarse sobre ese particular, en el sentido de decir que, dado que es su derecho, se acepta, y en cuyo caso continuará el ejercicio de la acción penal, como no hay otra alternativa”, dijo Granados.