Atentados a Caño Limón-Coveñas han dejado 751 víctimas en 17 años
Cifras reveladas por Ecopetrol dan cuenta de que los atentados perpetrados por la guerrilla del Eln contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas han provocado la muerte de 167 personas en los últimos 17 años, producto de las minas antipersonal instaladas alrededor de los tramos afectados.
A las víctimas mortales se suman los 584 heridos que dejaron 2.590 eventos ocasionados por las minas antipersonal en este lapso de tiempo, eventos que han afectado a la población civil, entre niños, mujeres y trabajadores, según las cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
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Adicionalmente, los atentados han provocado el derrame de 1,5 millones de barriles de petróleo, que equivalen a 66 millones de galones, lo cual ha generado un fuerte impacto ambiental a fuentes hídricas, fauna, flora y terrenos dedicados por las comunidades a la agricultura.
En total, el oleoducto ha estado fuera de operación 3.800 días desde su inauguración en 1986, equivalentes a 10,4 años (30 % del total del tiempo de servicio), por cuenta de los atentados terroristas.
En lo corrido de este año, se han dejado producir más de 900 mil barriles de petróleo por las 28 voladuras ocasionadas presuntamente por la guerrilla del Eln contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, cuyo bombeo se encuentra paralizado desde hace 39 días.
Precisamente este año, las voladuras se han concentrado en Norte de Santander, con 26 atentados en los municipios de El Carmen, El Tarra y Teorema. También se registró uno en Arauquita, Arauca, y otro en Cubará, Boyacá.
El más reciente fue en la vereda Minuto de Dios, municipio de El Tarra, cuando fue incinerado un carrotanque de una empresa contratista de Ecopetrol. Esta acción se suma al ataque de la semana pasada en Cubará, contra una caravana de 10 carrotanques, que dejó herido un conductor.
Ecopetrol informó que una vez se copó la capacidad de almacenamiento, el campo Caño Limón, que produce 52 mil barriles por día, interrumpió completamente la producción desde el 6 de marzo, lo cual pone en riesgo 1.600 empleos y la contratación de bienes y servicios con proveedores araucanos, que anualmente es de 70.000 millones de pesos.
La parálisis de este campo y de otros cercanos (Chipirón, Rondón y Cosecha), que también evacúan su producción por el oleoducto, tiene un fuerte impacto sobre las comunidades de ese sector del nororiente del país y la inversión social. Solamente en regalías se han dejado de percibir 18.600 millones de pesos.
Por ello, “Ecopetrol rechaza enfáticamente estas acciones terroristas que violan el Derecho Internacional Humanitario, ponen en riesgo la integridad de civiles y miembros de la Fuerza Pública, afectan la normal prestación de servicios públicos esenciales como agua potable y gas domiciliario, y dañan gravemente el medio ambiente”.