Cada 32 horas asesinan a una persona LGBTIQ+ en Colombia: estas son las leyes ignoradas y la impunidad que las rodea

Hay personas que antes de salir de casa deben pensar si hoy vale la pena mostrarse tal como son. No se trata solo de decidir qué ropa usar o qué publicar en redes sociales. Para muchas personas LGBTIQ+, esas decisiones están atravesadas por el temor a una agresión, una amenaza o una humillación pública.

Un informe presentado por Caribe Afirmativo pone el foco justamente en esa violencia cotidiana que suele pasar desapercibida y que, según la organización, crea las condiciones para ataques más graves. El documento, titulado “Sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+”, registró más de 4.000 hechos violentos durante 2025 en Colombia.

Dentro de esas cifras aparecen 270 homicidios y feminicidios. En promedio, una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 32 horas.

Pero el informe insiste en que reducir el problema únicamente a las muertes deja por fuera una realidad mucho más amplia. La violencia, señala la organización, empieza mucho antes: en el rechazo familiar, en la discriminación diaria, en las amenazas por redes sociales, en el miedo constante a ser señalado o expulsado de ciertos espacios.

Uno de los hallazgos que más preocupa tiene que ver con los hogares. Lejos de ser lugares seguros, muchas veces son el primer escenario de agresión. Durante el último año se documentaron 1.531 casos de violencia intrafamiliar contra personas LGBTIQ+.

Las mujeres lesbianas y bisexuales concentraron la mayoría de reportes. También hubo casos contra hombres gais, personas trans y personas no binarias. Según Caribe Afirmativo, en muchos episodios los agresores son familiares cercanos: padres, madres, abuelos, tíos o parejas.

Para Wilson Castañeda, director de la organización, existe una idea equivocada sobre dónde ocurre la violencia.

“Siempre hemos considerado, desde una visión tradicional, que la violencia está de las puertas de la casa hacia afuera”, explicó en conversación con El Espectador. Sin embargo, Castañeda sostiene que para muchas personas diversas el peligro comienza precisamente dentro del hogar.

El informe describe situaciones que rara vez llegan a una denuncia formal: jóvenes que esconden conversaciones para evitar ser descubiertos, personas que dejan de hablar en ciertos tonos para no ser objeto de burlas o mujeres trans que terminan abandonando sus casas porque ya no pueden permanecer allí.

A eso se suma la violencia en internet. La investigación advierte que las redes sociales se han convertido en un espacio donde circulan amenazas, insultos, difusión de imágenes íntimas y ataques dirigidos contra personas LGBTIQ+.

Según el reporte, durante 2025 se registraron 1.184 amenazas y hostigamientos. Varias de esas agresiones estuvieron dirigidas contra líderes y defensores de derechos humanos.

Caribe Afirmativo sostiene que estos ataques no solo generan miedo, sino que terminan modificando la vida de quienes los reciben: personas que dejan de asistir a reuniones, cierran perfiles digitales, cambian de ciudad o abandonan procesos comunitarios para intentar protegerse.

Lea además: Cherry Vann hace historia como la primera arzobispa del Reino Unido y líder LGBTQ+ de la Iglesia en Gales

La organización también documentó 628 casos de violencia sexual, 360 hechos discriminatorios, más de un centenar de episodios de violencia policial y varios casos de desaparición forzada y trata de personas.

Para Castañeda, el problema no termina cuando ocurre el crimen. “Las víctimas mueren tres veces”, afirmó en conversación con el medio citado. Primero, dijo, en medio de la exclusión y la negación de derechos; luego con la agresión física; y finalmente con la indiferencia social frente a lo ocurrido.

¿Qué leyes los protegen y qué dicen activistas LGBTIQ+ sobre la respuesta del Estado?

Durante décadas, las personas LGBTIQ+ en Colombia tuvieron que vivir bajo normas que las castigaban o invisibilizaban.

Hasta 1981, por ejemplo, la homosexualidad era considerada un delito en el país. Años después, la Constitución de 1991 introdujo principios como la igualdad, el pluralismo y el libre desarrollo de la personalidad, que abrieron el camino para el reconocimiento de derechos de las diversidades sexuales y de género.

Con el paso del tiempo también llegaron otras medidas. Entre ellas, la posibilidad de corregir el componente de sexo en documentos oficiales y la expedición de normas contra la discriminación.

Una de las principales herramientas jurídicas es la Ley 1482 de 2011, conocida como Ley Antidiscriminación, que castiga actos que impidan o restrinjan derechos por motivos de orientación sexual, sexo, raza o nacionalidad. La norma contempla penas de prisión y sanciones económicas para quienes incurran en ese tipo de conductas.

Además, la Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio como delito autónomo, estableció agravantes cuando el crimen ocurre por razones relacionadas con la orientación sexual de la víctima.

Según Wilson Castañeda, también en diálogo con El Espectador, los casos siguen mostrando niveles extremos de sevicia, uso recurrente de armas blancas, violencia sexual y una afectación desproporcionada contra personas trans.

Lea además: Antioquia es el lugar más peligroso para la población LGBTIQ+: de 52 casos, 23 ocurrieron en el departamento

“Llevamos más de 20 años dando cuenta de unos patrones criminales que son propios de la violencia que afecta a las personas LGBTIQ+, y el Estado solo aparece cuando la persona está asesinada, agredida o amenazada”, afirmó al medio mencionado.

Para el director de Caribe Afirmativo, el principal problema es que las instituciones reaccionan después de los hechos, pero siguen fallando en prevención. “Es un Estado que sigue actuando cuando se viola el derecho, pero no logramos tener un Estado que aparezca para prevenir”, agregó.

Otro de los vacíos señalados en el informe tiene que ver con la falta de información oficial confiable. Caribe Afirmativo asegura que muchos casos quedan fuera de las estadísticas o son registrados de manera incorrecta por las entidades públicas.

La organización indicó que presentó más de 160 derechos de petición ante instituciones como la Fiscalía, Medicina Legal, la Policía y personerías territoriales para recopilar datos sobre violencias contra personas LGBTIQ+.

De acuerdo con Castañeda, varias entidades entregaron respuestas incompletas o inconsistentes. “Más de 20 derechos de petición nos los entregaron con información inconclusa, contradictoria e incluso victimizante”, señaló.

Lea además: “Nunca tuve que salir del clóset porque nunca estuve en uno”: Edal Monsalve, premio León Zuleta 2025