Defensoría alerta por violencia del Clan del Golfo y el ELN en el sur de Casanare

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para las poblaciones de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y sus zonas rurales (sur de Casanare) debido al riesgo que corren las comunidades por cuenta de la disputa territorial entre grupos amados ilegales.

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Según la entidad, hay tres escenarios de riesgo, que se concentran en el proceso de consolidación del control armado ilegal ejercido por tres grupos: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Farc, particularmente de sus frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central (EMC).

En ese sentido, advierten que el Clan del Golfo, en su proceso de expansión, viene posesionándose estratégicamente de manera violenta e incluso ha eliminado y replegado pequeñas estructuras de las antiguas estructuras paramilitares que mantenían el control local.

Esto, dice esa institución, le ha permitido alcanzar supremacía ante los oponentes y enemigos para hacerse al control y articulación del sur de ese departamento, aceptación de las comunidades rurales y urbanas e ingresos derivados de la dinámica económica del territorio.

Así mismo, advierte la alerta temprana, los grupos armados han incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión social para demostrar poder, capacidad de acción y control, lo cual ha generado temor, intimidación y sometimiento de la población. Igualmente, han reclutado jóvenes de sectores frágiles y vulnerables, bajo el engaño de darles oportunidades.

Para la Defensoría del Pueblo, las comunidades más afectadas por esta situación son organizaciones comunitarias y campesinas, víctimas del conflicto armado, niñas, niños y jóvenes, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos de las localidades en mención, agricultores, ganaderos, reclamantes de tierras, población socialmente estigmatizada, sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes y estudiantes.

Ante esto, advirtieron que estas personas podrían ser blanco de distintas formas de violencia y estar en riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, utilización y uso de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada, hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados, destrucción de bienes civiles, atentados con artefactos explosivos, entre otras situaciones de riesgo.

Al respecto, la Defensoría le pidió a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) tramitar un total de 28 recomendaciones a entes nacionales, departamentales y locales para que sean atendidas y protegidas las comunidades de los cascos urbanos de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y de sus corregimientos y veredas.

En ese sentido, instó al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares a realizar operativos de patrullaje y control, así como labores de inteligencia que permitan detectar de manera previa la presencia y accionar de integrantes de los grupos armados organizados.

Y a la Policía del departamento le pidió implementar puestos de control en los corregimientos con posibles pasos de los grupos armados ilegales y en las salidas de los municipios hacia las zonas de la sabana del Casanare.

Mientras que al Ejército Nacional le requirió reforzar los controles en zona rural del piedemonte para que neutralice el accionar e intimidación que ejercen el ELN y las disidencias de las Farc sobre la población. Además, les hace recomendaciones a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio Público, a la Gobernación de Casanare y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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