El caso noviembre y la esquiva verdad del Palacio

En un país acostumbrado a consumir series y películas sobre carteles, narcos, sapos, prepagos, paras, guerrilleros y cuanto personaje e historias han surgido de las mil violencias que han asolado a este país, sin filtros ni revisiones históricas, sorprendió la decisión de un juez de la República que determinó que las personas, incluso después de muertas, tienen derecho a que se les respeten sus derechos fundamentales a la honra o buen nombre. La tutela ha desatado un intenso debate en torno a si la libertad de expresión y creación tiene límites, en especial a la hora de abordar hechos y personajes de interés nacional. Por lo menos, los hijos del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y el juez 128 penal de Bogotá, creen que sí.

La película Noviembre, ópera prima del director Tomás Corredor, recrea parte de lo ocurrido en el asalto del grupo guerrillero M-19 al Palacio de Justicia en Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en especial cuando un puñado de guerrilleros al mando de Andrés Almares quedó encerrado en un baño en poder de un grupo de civiles secuestrados. Allí, confinados en un pequeño espacio, Corredor —quien también es el guionista— desarrolla una trama de lo ocurrido durante 27 horas, las tensiones de las víctimas y victimarios o del miedo frente a la brutalidad de la confrontación entre lo que se ha conocido como la toma guerrillera y la retoma por parte de las Fuerzas Armadas. Dentro de los civiles, estaban algunos de los miembros más importantes de la Corte Suprema de Justicia de ese momento, como los magistrados Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya.

Allí, en medio de explosiones, balas y una inmensa tensión, se muestra una escena en la que la entonces magistrada auxiliar, Aide Anzola, se le acerca a Gaona, protagonizado por Santiago Alarcón, y le suelta la frase: “Ni usted Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”. Estas y otras caracterizaciones del personaje llevaron a Juliana Gaona Bejarano, la hija menor del magistrado —quien tenía menos de uno año cuando su padre fue asesinado—, a interponer una tutela para que la película fuera retirada de las salas.

Tras estudiar los argumentos de las partes, el juez 128 penal de Bogotá falló a su favor, no prohibiendo su exhibición, sino al ordenarles a los productores “incluir en la película y en sus piezas promocionales una aclaración visible, advirtiendo que es una obra de ficción basada en hechos reales y que cualquier semejanza no implica afirmación histórica. Además, eliminar la frase injuriosa contra Manuel Gaona”, dijo Juliana Gaona en un comunicado en video difundido por redes.

El juez de tutela reafirmo que, incuso las personas fallecidas conservan el derecho a la protección de su imagen y su buen nombre, y en el caso de Noviembre, “considero que había una representación lesiva de la imagen de mi padre sin respaldo probatorio... La verdad y la memoria de Manuel Gaona Cruz no están en discusión. Ambas están respaldadas por la Justicia, los testigos y los informes oficiales que durante décadas probaron quien fue y que representó... La película Noviembre difundió una narrativa falsa e injuriosa, la cual presentaba a mi padre como colaborador del grupo armado que los secuestró durante 28 horas y, posteriormente, lo asesinó de forma atroz”, dijo Juliana Gaona Bejarano.

La productora de la película, Diana Bustamante, habló con María Jimena Duzan en su Podcast, dijo que, con el fallo, que será apelado, hubo un “ejercicio de la justicia que sobrepasa un poquito los límites, un precedente preocupante en contra de nuestro derecho de expresion”. Incluso, consideró que ha habido una clara intención de silenciar la obra y de cerrar espacios de diálogo, de conversar a partir de la película. Lo cierto es que, para seguir en las salas, tuvieron que poner un aviso al comienzo y final de Noviembre que dice que es una obra de ficción y la parte del diálogo quedó silenciada.

En blanco y negro

Esta polémica es similar a la que se ha presentado frente a la libertad que tienen las personas a la hora de opinar en redes sociales o de si los medios o periodistas tienen límites para ejercer su derecho constitucional a informar y opinar.

Carlos Medellín Becerra, exministro de Justicia e hijo del magistrado Carlos Medellín, también inmolado en el Palacio de Justicia, señala que obviamente la libertad de expresión y opinión tienen límites, en especial cuando entran en conflicto con otros derechos fundamentales. “En el caso de Noviembre, en donde se usan y recrean las personas que realmente estuvieron allí, pero nunca se advirtió si era una obra de ficción, se puede entrar en conflicto el derecho de opinión con los de honra, buen nombre o injuria”.

Cuando esto ocurre, advierte Medellín, los afectados pueden pedirle a un juez que equilibre y pondere los derechos. Y eso fue lo que ocurrió con esta tutela. Es una línea muy delgada, y por eso en el mundo, en cualquier película, dramatizado o las series de narcos en Colombia, lo primero que se advierte a los espectadores es que es una obra basada en hechos reales, que cualquier parecido con la realidad es ficción o la recrea. Y advirtió que “si a mi padre lo llegaran a señalar como amigo, simpatizante del M-19, al día siguiente salgo y desmiento e inicio las acciones judiciales que correspondan”.

Si bien esta es una línea delgada, dice la doctora en derecho y magíster en periodismo, Mireya Camacho, que los derechos humanos no pueden definirse en abstracto sino en casos concretos. “Como en esta película los familiares demostraron el daño que se estaba causando a la imagen de su padre, fue un juez quien valoró los argumentos y las pruebas y falló. A pesar de que el juez ya impartió unas órdenes, el daño a la honra de Gaona y a su familia ya se causó y la cuantificación la tendrá que tasar un juez, algo que llegará muy tarde”.

El abogado y exsenador Rodrigo Lara Restrepo considera infame que se asocie, con una enorme ligereza, a una persona que sacrificó su vida por la Justicia y las instituciones en el Palacio de Justicia con una organización que representaba diametralmente lo que él pensaba. “Gaona es un mártir de la justicia que el M-19 asesinó porque tenía la ponencia del fallo del tratado de extradición. Es importante que quienes hacen series y telenovelas, en especial las que recrean a los victimarios, que lo hagan con rigor histórico y respetando a las víctimas y sus familias. No creando productos para divertir y enganchar a la audiencia. Quieren hacer de la historia más trágica, un show”.

Verdades sin historia

Ahora bien, además del debate de si un juez puede poner límites al derecho de expresión en una obra artística, el otro punto que quedó claro, en especial con todo lo dicho y ocurrido durante la conmemoración de los 40 años, es el respeto por los hechos y la historia por parte de algunos productos, más en un caso como el del Palacio de Justicia donde la verdad sigue en confrontación, entre relatos, testimonios de las víctimas y el abrumador silencio de los mayores responsables que nunca dejaron la verdad. Solo el caso de lo ocurrido con el asesinato del magistrado Gaona y el cruce de verdades, algunas de ellas en contra de la evidencia, dejan en claro la necesidad de que el relato y la memoria permitan que la historia aparezca. “Aquí tenemos una organización guerrillera que se tomó el palacio a la fuerza, en alianza con el narcotráfico, y una reacción desmedida y absolutamente desproporcionada por pate del Ejecito para retomar el palacio. Y, todos han querido tapar la verdad, porque no les interesa que se sepa”, señaló Lara.

En este caso hay una verdad parcial por parte de la Justicia, que es la única que la puede impartir, pero falta la de buena parte de los protagonistas. Todo ha quedado en una confrontación entre memoria, historia y olvido. “Mientras que la memoria es testimonial, en donde testigo o la víctima cuenta lo ocurrido con la posibilidad de olvidar, tergiversar, manipular y ocultar; la historia se hace con método, técnicas, distancia en el tiempo y confrontación sin buscar la verdad, porque eso es labor de jueces y religiosos. En el caso del Palacio, hay una gran responsabilidad del Estado, porque ha desconocido a las víctimas y se dedicó a los victimarios”, dijo Giovani Restrepo, doctor en historia y profesor de la Universidad de Antioquia y UPB.

Finalmente, Fabio Zambrano, historiador y profesor titular de la Universida Nacional, señala que es hora de que se rompa el silencio de una parte de los autores y responsables, antes de que se vayan con la verdad. “Belisario Betancur, presidente en ejercicio cuando ocurrieron los infaustos eventos de ese holocausto, ofreció dejar un testimonio de lo que sucedió en la Casa de Nariño, con la condición de que se conocieran una vez falleciera. Esto no ocurrió y el vacío de su testimonio ha contribuido para dejar el campo libre para que el relato dominante sea el de los victimarios, de aquellos que defienden que la moral no cuenta, que la vida de las víctimas, desde los empleados de la cafetería hasta los magistrados, sean un sacrificio en el alatar de la revolución. Sorprende que hoy los dueños de la moral sean los asaltantes”.

Lo cierto es que, el hecho de que este debate, como dice Carlos Medellín, se haya producido justo en el 40 aniversario de la toma y retoma del Palacio de Justicia, con un presidente del M-19 que quiere imponer su relato como historia oficial, así sea contrario a los hechos y testimonio, y con las elecciones en marcha, difícilmente lo logrará. Por el contrario, las víctimas, sus familiares y el país, por primera vez quieren la verdad y solo la verdad. Eso fue lo que empezó a ocurrir en este noviembre.