A dos meses de las elecciones
Hay varios nubarrones que ensombrecen la transparencia de las próximas elecciones. Las alertas deben ser examinadas atentamente por la Registraduría y por las autoridades judiciales. En este, como en otros casos, la Justicia queda con un compromiso ineludible, ya que ha mostrado falencias en cuanto a las investigaciones que debían haberse cerrado antes de acudir a las urnas.
Para un observador externo y no muy acucioso, el ambiente preelectoral en Colombia no parecería estar pasando por momentos extraordinarios. Se ceñiría al libreto más o menos habitual de un país latinoamericano que cada determinado número de años cumple con el rito de acudir a las urnas, costumbre que por estos lados se confunde con gozar de democracia plena. Pero las cosas no son así de simples.
Hay signos alarmantes que indican que estos comicios, programados para dentro de dos meses, tendrán que enfrentar serias amenazas. Ya no provenientes únicamente de los tradicionales saboteadores de las votaciones -guerrillas, paramilitares, delincuencia común- sino de las propias organizaciones políticas, sus candidatos, e incluso de la desorientación que se puede entrever en la organización electoral.
La posibilidad de fraude electoral y de delitos contra el sufragio, patrocinados por los propios movimientos políticos, llevó a que se dijera recientemente que eran éstos la principal amenaza para las elecciones. Aparte de la posible publicidad impactante de tal conclusión, lo que hay que mirar es el compromiso de los partidos y movimientos, sus candidatos y los jefes de debate con la transparencia electoral y el respeto a la libertad del voto.
El dinero a raudales que corre por muchas campañas, para la compra de votos y de apoyos de líderes, desnaturaliza, tanto como el terrorismo, la manifestación democrática del voto. Tal perversión del sistema electoral, denunciada y reconocida por muchos candidatos, no alcanza casi nunca, a pesar de su gravedad, un pronunciamiento con valor de certeza judicial.
Se habla de candidatos que, lejos de realizar grandes convocatorias para divulgar sus propuestas y programas, gastan millonadas para contratar asesores que les indiquen cómo liquidar a sus contendores mediante la llamada "propaganda negra". Allí donde se reúnan más de cuatro o cinco personas, o a través de las redes de internet, se es objeto de la siembra de las más diversas maledicencias sobre los aspirantes del tarjetón.
Las propias autoridades advierten, igualmente, el protagonismo que ciertos reclusos -políticos o no- en cárceles tienen en la definición de candidatos, el otorgamiento de avales y en la financiación de las cada vez más costosas campañas. Las autoridades judiciales tendrían que estar ya investigando esta situación.
Así como tendrían que estar investigando y definiendo la situación jurídica de los candidatos que, en vez de rumores de "propaganda negra", tienen sobre sus cabezas serias evidencias de la inmoralidad e ilegalidad de sus acciones. La morosidad en su actuar deja a los votantes a merced de la avilantez de ciertos políticos a los que nadie confiaría su voto, si la justicia operara.
Hasta el voto en blanco, otrora significativa posibilidad de manifestar inconformidad y protesta, sería escriturado a movimientos que, aprovechándose de un "mico" de la última ley de reforma política, cobrarán -literalmente- por su promoción.
Como lo refleja el caso de Cali, la Registraduría parece desbordada ante los acontecimientos, y las dudas no hacen más que brotar en el terreno siempre fértil de la desconfianza entre los electores. Estamos sólo a dos meses de la jornada que, cada vez más, va degenerando de una jornada democrática en una guerra electoral.