Histórico

"A esta Ley solo deben temer los despojadores"

Según el Ministro de Agricultura, la Ley de Víctimas debe agilizar la restitución de seis millones de hectáreas de tierras a desplazados por grupos armados, sin cometer injusticias con actuales propietarios de buena fe.

26 de mayo de 2011

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explicó a EL COLOMBIANO los alcances de la nueva Ley de Víctimas, aprobada el martes, en lo concerniente a la restitución de tierras de aquellos campesinos que fueron despojados de sus predios por los grupos armados ilegales.

Restrepo manifestó que con los nuevos mecanismos se agiliza el tiempo de restitución, el Gobierno brindará apoyo con proyectos productivos e incluso podrían ir a la cárcel personas que se hagan pasar por dueños de predios y en el proceso de restitución se establezca que mintieron.

¿Qué establece la Ley de Víctimas respecto a la restitución de tierras?
"Establece un proceso abreviado ante una jurisdicción agraria, donde al reclamante de la tierra que aduzca que le fue despojada, y luego de que el Estado se cerciore de que así fue, se le hará un acompañamiento y se le reintegrará la titularidad mediante una acción judicial sencilla".

¿Qué instrumentos se utilizarán para esta restitución de predios a los campesinos?
"Con la Ley se ha creado la Unidad de Restitución de Tierras, una entidad muy técnica con la que se reconstruirán las fotografías catastrales que había en el país antes del despojo; se tratará de constatar predio por predio, y si hubo despojos, se acompañará a la víctima hasta un Juez agrario, que se creó también con la Ley y quien verificará si las pruebas que se le aportan están en forma, se les restituye, mediante sentencia, las tierras al despojado".

¿Cuántos serán los restituidos y qué tiempo tardará el proceso de restitución?
"Estamos hablando ahora de un universo de potenciales restituidos de más de 400.000 familias en Colombia a las que, según las cifras, les despojaron cerca de dos millones de hectáreas. A estas hay que sumarle cuatro millones de hectáreas que no fueron despojadas pero sí abandonadas en el último cuarto de siglo. Hoy en día un proceso de restitución de tierras, yéndole bien al reclamante legítimo, entre 10 y 20 años. Nosotros aspiramos a que con la nueva Ley, una vez estén todas las instituciones en su lugar, los procesos serían muy breves, a un año máximo".

¿En regiones como Urabá temen que se cometan injusticias con actuales poseedores de buena fe?
"El real propietario sigue siendo el real despojado. Esta nueva Ley es muy cuidadosa de respetar los derechos adquiridos de buena fe exenta de culpa, por eso está previsto que si al momento de documentar ante el juez agrario que una parcela fue despojada se le reintegra al original propietario. Pero si por cadenas de transacción esta parcela ha ido a parar a manos de un tenedor de buena fe, exento de culpa, está previsto que se le indemnice a este tenedor el valor comercial de la tierra, que de igual manera se le entrega al propietario.

De esta Ley no tienen porque temer sino los despojadores y sus testaferros. Los legítimos propietarios recuperan su tierra y los tenedores de buena fe reciben indemnización".

¿Por qué no se incluyó la reparación de cosechas, animales u otros activos que tenían en las tierras antes del despojo?
"Esa petición o aproximación no quedó acogida, no porque no tuviera ningún fundamento, si no porque de habérsele acogido habría llevado a esta Ley a un costo de unas dimensiones imaginables para el Estado colombiano. Si además de restituir tierra tendría que restituirse los bienes, el costo en vez de 40 billones de pesos, se dispararía a 80 ó 100 billones de pesos".

¿Los campesino recibirán otro acompañamiento al momento de la devolución de su predios?
"Está previsto en unos artículos que el Estado procurará, además de facilitar la restitución, que se acompañe al campesino con proyectos productivos. Este es otro de los retos grandes de acompañamiento a estos procesos en un programa de desarrollo rural de gran aliento".

¿Qué pasaría si se descubren reclamantes ficticios en los procesos de restitución?
"Esta Ley crea otros delitos, como quien se hace pasar como víctima de despojo de tierra y no lo sea. Se configura el delito de testaferrato, de pretender postizamente postularse a la recepción de subsidios públicos sin tener título para ellos. El avivato que se presenta como despojado de una finca y luego se demuestra que estaba diciendo mentiras, se puede hacer acreedor a una pena privativa de la libertad de hasta 10 años".

¿Se puede hablar de un tiempo de duración de la Ley en términos de restitución de predios despojados?
"Esta Ley tiene un componente fiscal importante. Más que salir a comprar tierras, hay que salir a ayudar a que se recuperen las que abusivamente fueron acaparadas por otros. El Gobierno ha hecho unas calibraciones y ha llegado a una conclusión posible. Es una ley que se va prolongar en diez años. Se debe buscar que cada año esté garantizado que habrá recursos suficientes para cumplir las demandas que requiera su ejecución anual.

Estas leyes no son de vigencia indefinida, son adscritas a un periodo de tiempo. Esta ley en el momento rige por 10 años, donde se considera el grueso de las agresiones a las víctimas".

¿Cómo van los procesos de investigación en cuanto al robo de tierras al Estado?
"En la penumbra de las notarias o de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se las ingeniaron algunos vivos para hacerse a tierras que eran del Estado y tenemos como ejemplo a alias "Cuchillo". Por esto hay notarios en la cárcel, otros judicializados y otros destituidos. Estos engaños se dieron en los últimos 15 años y puede ascender a 400.000 mil hectáreas apropiadas fraudulentamente".