Absueltos Palacio y Sabas
por la yidispolítica
Aunque son dos organismos independientes, la absolución disciplinaria que concedió la Procuraduría General de la Nación al ministro de Protección Social, Diego Palacio, y al embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega; así como a otros tres funcionarios, por el sonado caso de la yidispolítica, allanaría el camino para que el proceso penal que se les sigue en la Fiscalía sea favorable para los implicados.
Tras analizar las indagatorias, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció la absolución de Palacio y Pretelt por las supuestas faltas disciplinarias de presión indebida y presuntos beneficios burocráticos.
En el mismo proceso fueron absueltos también, Jorge Noguera, ex director del DAS; José Félix Lafourie, ex superintendente de Notariado (hoy director de Fedegán) y Hernando Angarita, ex viceministro de Justicia. El Ministerio Público no tomó decisión alguna con respecto al secretario General, Bernardo Moreno, ni sobre Alberto Velásquez, ex funcionario de la Presidencia.
Con la investigación disciplinaria como cosa juzgada en la Procuraduría, a los implicados en el proceso les toca esperar la decisión que tome la Fiscalía General, que los investiga por la posible comisión del delito de cohecho impropio, que no amerita cárcel. Según indagaciones en la Fiscalía, este proceso lo definiría el próximo Fiscal General, quien debe asumir el cargo el primero de agosto, en reemplazo del actual titular, Mario Iguarán.
"Hoy, gracias a Dios, ha salido este fallo que me deja muy tranquilo. Ahora hay que conseguir lo mismo en la Fiscalía, pero por las informaciones que he tenido va en la misma dirección. Solicitamos que se haga una preclusión y nos dijeron que faltan algunas diligencias por adelantar", sostuvo Pretelt de la Vega a la radio W.
Las palabras del Procurador
El procurador Ordóñez sostuvo que los implicados "pudieron desmontar las acusaciones hechas en su contra por la ex representante Yidis Medina", por, supuestamente, recibir ofrecimientos oficiales a cambio de un voto positivo para permitir la reelección presidencial.
La decisión quedó consignada en un fallo de 129 páginas con el que la Procuraduría cerró el proceso disciplinario, abierto tras el escándalo por el proceso de aprobación en el Congreso de la primera reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Según la Procuraduría, durante la investigación se encontraron "evidentes contradicciones en las distintas declaraciones entregadas por la señora Medina, mientras que, por su parte, los acusados demostraron una a una la verdad de sus actuaciones".