Alcaldías apoyan labor con familias

Proteger áreas de reserva implica restringir ciertas actividades económicas, lo que no es fácil, pues por años las comunidades han habitado los territorios, que son su despensa para la subsistencia.

Sin embargo, en alianza con las alcaldías, se trabaja en reducir los impactos y, al contrario, desarrollar actividades que las favorezcan.

Adriana María Maya Gallego, alcaldesa de Liborina, que tiene 807 hectáreas de páramo, explica que con los habitantes de las veredas afectadas antes se ha sacado provecho.

"Con los guardabosques y los funcionarios de Corantioquia realizamos visitas permanentes y los asesoramos y ayudamos para que mejoren su nivel de vida", sostuvo.

A través de huertas caseras, por ejemplo, se garantiza que las familias tengan su alimentación. Los resultados de este proceso, dice, son altamente benéficos para ellos y para el ecosistema: "Corantioquia tiene oficina en la Alcaldía y desde acá se trabaja de manera permanente para proteger estas áreas y contribuir al desarrollo de las comunidades".

Morelia Barrientos, del Distrito de Manejo del Noroccidente, en Belmira, especificó que por la adquisición de los predios Mora y Alaska, en el páramo de Santa Inés, no hubo que desalojar pobladores. Al contrario, se trata de convertirlos en aliados para la protección de los ecosistemas.

"A la gente se le ha sensibilizado, ellos piden compensaciones y se les han instalado mejoras en sus viviendas, como pozos sépticos y el trabajo en sistemas de producción limpia". También se les instalan cocinas ecológicas, que contribuyen a su salud, pues las personas dejan de absorber humo y respiran aire más sano.

Uno de los temas más complejos es controlar la deforestación y el tráfico ilegal de madera, que en Antioquia es uno de los problemas que más tiene alarmadas a las autoridades. Según Luz Ángela Peña, secretaria del Medio Ambiente, hay una ruta del tráfico ilegal de madera que no ha sido fácil controlar.

"Nos preocupa que Antioquia sea el departamento con la mayor tasa de deforestación, quiere decir que hay actividades ilegales que las autoridades no han podido detectar para el control", precisó la funcionaria. Detalló que son 23.000 las hectáreas que se talan al año en el departamento.