Álvaro Gómez y la verdad
La Justicia no puede quedar sujeta, ni limitarse, a los testimonios manchados de delincuentes supuestamente arrepentidos, que luego de décadas deciden hablar sobre lo que saben. El esclarecimiento del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado es una deuda imprescriptible que la Justicia tiene con toda la sociedad. Y no puede despachar ese compromiso con pruebas de plastilina.
Pocas personas como Álvaro Gómez Hurtado, en sus reconocidas facetas de político y hombre de pensamiento, reflexionaron tanto y llamaron la atención sobre el costo de la impunidad para una sociedad que se precia de democrática y libre. Una y otra vez este gran hombre del conservatismo expresó su preocupación y dolor por la falta de justicia en el país.
En noviembre de 1995, cuando se dedicaba a la cátedra universitaria y a la escritura de sesudos editoriales, fue asesinado minutos después de terminar su clase en la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá. Un líder de enorme capacidad intelectual y referente ético caía abatido, como Luis Carlos Galán en 1989, ante la mirada impotente y estremecida de toda la nación.
En plena confusión, el Gobierno de entonces sólo atinó, en frase ya conocida por todos, a atribuir el atroz crimen a "fuerzas oscuras". De esa época hasta acá, han pasado por el despacho de la Fiscalía General de la Nación seis juristas con mayor o menor capacidad profesional, y con voluntad investigativa variable -tirando a poca- para el esclarecimiento de este magnicidio.
Con el cadáver del jefe político aún en cámara ardiente en el Capitolio Nacional, ya circulaban las más absurdas versiones sobre su asesinato. La investigación judicial inició en medio de un cruce interesado de testimonios confusos, a lo que se sumaría luego la muerte de testigos e informantes. Casi 16 años después de la cobarde acción sicarial, la familia Gómez Hurtado viene siendo víctima de amenazas, hostigamientos y presiones.
Quizás nunca sepamos por qué la Fiscalía se perdió en medio de los miles de folios del expediente y se dejó llevar por la inercia, que condujo pronto al borde de la impunidad del crimen. La mera incuria, realidad incontestable en ese ente judicial, no basta para explicar la falta de resultados en la investigación.
En junio de 2009, quien fuera ministro de Defensa en la época del crimen, Fernando Botero Zea, dijo a la justicia que sospechaba que "el asesinato de Álvaro Gómez fue un crimen de Estado".
El mismo funcionario que dijo que sabía que Ernesto Samper conocía la financiación ilegal de su campaña, sin que él mismo -Botero- lo supiera, aseguraba ahora que siendo ministro de Defensa se cometió un crimen de Estado, sin él tampoco enterarse.
Casi paralelamente, vino alias "Rasguño" -de nombre Hernando Gómez Bustamante, hoy preso en Estados Unidos- a decir quiénes, según su parecer, eran los autores del crimen.
¿En qué se basa? En testimonios de narcotraficantes ya muertos. Es la tragedia colombiana y de las miles de víctimas: la Justicia no hace pesquisas, no profundiza en los hechos, no utiliza la mejor técnica criminalística de investigación forense. Quedando sujeta, de esta forma, al testimonio de delincuentes mitómanos.
Y así, quedan en la picota los nombres del expresidente Ernesto Samper y de su entonces ministro Horacio Serpa. No fue ese un Gobierno distinguido por su comportamiento ético ni por su altura moral. Pero de ahí a imaginarlos señalando al líder conservador como blanco de las balas, media un abismo.
Colombia sigue esperando la verdad sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. No podemos considerarnos una democracia digna mientras su muerte permanezca impune.