Amenazas de la delincuencia

Con la población civil puesta como escudo humano, pero también con las amenazas que llegan a través de volantes anónimos, grupos de delincuentes que conforman peligrosos combos y bandas, bajo esquemas y jerarquías mafiosas, pretenden sembrar el terror en varias ciudades colombianas.

Estas agresiones a la población civil buscan tejer un manto de silencio y si bien no reemplazan los enfrentamientos armados que las organizaciones criminales sostienen entre sí, son una nueva escala en su guerra por el control de las plazas de vicio y el cobro de extorsiones a transportadores, comerciantes y el vecindario.

Su intención no es otra que "empanicar" a los habitantes para que no denuncien y permitan que los delincuentes actúen con total impunidad, llegándose al extremo de que algunas personas se convierten en sus cómplices por temor y los protegen frente a la reacción de las autoridades.

Lo sucedido en el barrio Manrique, en el nororiente de Medellín, cuando una de las dos facciones en que está dividida la "Oficina" de cobro movilizó a unas 200 personas del mismo sector, para utilizarlas en su ataque a varias viviendas, parece ser una estrategia bien calculada para ejercer, por la vía del terror, un control territorial. Su intención, incluso, era replicar tal procedimiento en otros barrios, hecho que, por fortuna, ha sido neutralizado por las autoridades.

No es posible pensar que estas acciones se puedan generalizar en las comunas de Medellín, pues la respuesta de las autoridades civiles y policiales ha sido oportuna, pero es muy preocupante que los ataques entre combos, con el uso de armas de largo alcance, sean cada vez más frecuentes, y que en muchas ocasiones los habitantes queden en medio del fuego. Los delincuentes se camuflan entre ellos y de ahí el alto número de víctimas, en particular niños, por efecto de balas perdidas.

Si bien estos enfrentamientos continúan, el Gobierno nacional ha obrado con diligencia, las autoridades de Medellín han ratificado su compromiso de una mayor inversión en los barrios y ha habido un apoyo presencial y efectivo del comandante de la Policía, general Óscar Naranjo, para desplegar más fuerzas policiales en las comunas. El reto es evitar nuevas asonadas y también secuelas como el desplazamiento forzado, de gran impacto social.

Incidentes como los registrados recientemente en las comunas 1, 3 y 13, donde la población ha sido involucrada en el conflicto entre bandas, no son un hecho aislado. Hay un patrón que se repite en otros municipios de cuatro departamentos del país y todo el eje que los cruza, en diferentes escalas, es el negocio de las drogas estupefacientes.

Con sacrificio, pero también con decisión e inteligencia, Colombia ha enfrentado este flagelo del narcotráfico y por ello la amenaza que ahora le lanzan los delincuentes con esta nueva modalidad que busca intimidar a la población y ponerla como carne de cañón tiene que ser derrotada de igual forma, con el apoyo de ciudadanos con valor civil que rehúsen ser presas del miedo.

Desmontados los grandes carteles de la droga y posteriormente las estructuras paramilitares que se alimentaron de su comercio ilegal, las bandas criminales (Bacrim) son ahora el objetivo a derrotar y para ello se necesitan más recursos para la inteligencia policial, apoyo del sector privado, alto compromiso institucional y un total respaldo ciudadano a sus autoridades para denunciar, de manera que jueces y fiscales actúen como lo mandan las leyes.