Histórico

Apuesta oficial: seguras y transparentes

LA REGISTRADURÍA ORDENÓ el traslado de 300 mesas de votación de las 71.777 instaladas, por problemas de orden público. De ellas, 27 están en Antioquia.

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19 de junio de 2010

Con cerca de 350.000 militares y policías vigilando los puestos de votación y poblaciones, el Gobierno espera que la segunda ronda para las elecciones presidenciales conserve la tendencia de las elecciones del 14 de marzo (legislativas) y las del 30 mayo (primera ronda presidencial): que sean las más tranquilas de los últimos 40 años.

Según el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, la seguridad y la transparencia marcarán la pauta. "Todo está cubierto, no hay ningún puesto de votación que no tenga una seguridad directa o perimetral para que los ciudadanos puedan tener todas las garantías de acceder a los puestos de votación".

Y aunque el clima general es de tranquilidad, en algunas zonas del país se han presentado alteraciones del orden público que llevaron a la Registraduría a trasladar 300 mesas de votación, de las 71.777 instaladas.

En Arauca se trasladaron 31 mesas, en Antioquia 27, en Valle 24 y en Caquetá 10.

El miércoles, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, anunció que la fuerza pública estaría presente en el 99,5 por ciento de las mesas de votación y solo 74 no contarían con vigilancia directa pero sí con patrullajes aéreos. Estas mesas, aseguró, están ubicadas en zonas que no representan riesgo para que los electores ejerzan su derecho.

La Registraduría también reportó la voladura de una torre de energía en la Costa Pacífica de Nariño, que generó dificultades en el suministro de energía eléctrica.


Vigilan 350.000 uniformados
El director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, aseguró que unos 150.000 miembros de la institución se encargarán de vigilar las mesas de votación en las áreas urbanas del país.

Ellos, al igual que el personal de las Fuerzas Militares, se encuentran en acuartelamiento de primer grado para hacer frente a cualquier posible alteración del orden público.

El director del DAS, Felipe Muñoz, anunció que ese organismo asignó 2.984 funcionarios que harán presencia en 373 municipios.

Igual que en la primera ronda, el organismo ayudará con equipos de verificación de huellas para determinar la identidad de votantes o jurados de votación cuya identidad esté en duda.

A ellos se suman expertos antiexplosivos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Valle y en Bogotá.

En Huila y Tolima, el frente 17 de las Farc, instó a los ciudadanos a no participar en las elecciones, al tiempo que anunció un posible bloque de transporte, afirmó Muñoz.

Una situación similar se podría presentar en Cúcuta y Ábrego, Norte de Santander, donde delegados de la Registraduría reportaron los rumores de un posible paro armado.

Hay que recordar que en las elecciones del 30 de mayo, las Farc bloquearon por algunas horas el transporte en Ábrego.

Ley Seca en todo el país
Otra de las medidas para garantizar el orden es la Ley Seca que comenzó a operar en todo el país desde el viernes a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta mañana a las 6:00 a.m.

El Gobierno Nacional autorizó a los alcaldes a extenderla y a ordenar el toque de queda en los casos que lo consideren conveniente.

En Medellín la Alcaldía expidió medidas adicionales como la prohibición para llevar parrillero en las motos de 100 centímetros cúbicos de cilindraje o superior. La restricción entró en rigor desde el viernes a las 6 p.m. y va hasta mañana a las 6 a.m.

Tampoco se podrán parquear vehículos en zonas cercanas a concentraciones electorales y están prohibidos los trasteos y el transporte de escombros y pipetas de gas. La restricción para el porte de armas también es de carácter nacional. Esta va desde el viernes hasta el miércoles, pero las autoridades militares de cada región tienen en sus manos las modificaciones necesarias.

En toda la zona de influencia de la IV Brigada (con sede en Medellín), la prohibición comenzó el 14 de junio y se extiende hasta el 28 de este mes.

Igual que en las elecciones del 30 de mayo, el Gobierno ordenó el cierre de las fronteras terrestres y fluviales entre las 4:00 a.m. y las 4:00 p.m. con el fin de evitar el trasteo de votos.

El DAS será el encargado de verificar el cumplimiento de la medida a través de las patrullas migratorias y los puestos de vigilancia. Solamente se autorizará el cruce de las zonas de frontera en casos de enfermedad o un transporte funerario.