Bolivia, caliente otra vez
A cuatro días de los referendos revocatorios en Bolivia, que buscan definir la continuidad en el poder del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y ocho prefectos (gobernadores), las protestas contra el gobierno central se acrecientan.
Ayer, las grandes protestas en los departamentos de Oruro y Tarija dejaron dos mineros muertos, al menos treinta heridos y la cancelación de la visita de los presidentes de Venezuela y Argentina, Hugo Chávez y Cristina Fernández.
El bloqueo de los mineros en una ruta troncal en la población Caihuasi (Oruro), desató un enfrentamiento con la Fuerza Pública.
De acuerdo con Radio Fides de Bolivia un médico del Hospital Obrero de Oruro, quien realizó la autopsia a Hernán Montero y Miguel Alegre Antonio (los dos mineros muertos), informó que el primero de ellos murió por un impacto de bala.
Sin embargo, el ministro de Gobierno Alfredo Rada negó la versión y dijo que el Comandante General de la Policía aseguró que la Fuerza Pública no portaba armas.
Rada agregó que el choque fue una reacción de la Policía a los ataques con dinamita que perpetuaron los mineros, tras ser despejada la carretera que se habían tomado desde el pasado fin de semana para demandar una reforma en el sistema de jubilación.
El secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Felipe Machaca, afirmó estar a la espera del reporte oficial de lo ocurrido y manifestó a Efe su inconformidad con el Gobierno, capaz de "arremeter contra los trabajadores al mejor estilo fascista".
Machaca anunció que la huelga "se masificará" y que se tenía prevista una reunión de dirigentes sindicales.
Otros enfrentamientos
La protesta en el departamento opositor de Tarija, sur del país, logró su propósito: no dejar reunir al mandatario Evo Morales y sus homólogos de Argentina y Venezuela (Ver contexto).
En un ambiente dominado por las manifestaciones en contra del gobierno central, las protestas de los mineros se suman a la huelga de hambre iniciada en Santa Cruz el pasado lunes y que busca la devolución de unos fondos confiscados por el Gobierno para ser destinados a una renta para ancianos.
Ayer, el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, y el de Pando, Leopoldo Fernández, se unieron a las manifestaciones.
En el centro del país, otro enfrentamiento caldeó los ánimos. Decenas de estudiantes y padres de familia se enfrentaron a un grupo de profesores que bloqueaban una carretera exigiendo cambios en la reforma a las jubilaciones lo que contribuyó a enardecer aún más la crisis boliviana.