La campaña política inundó las calles de vallas
Todos los partidos y grupos tienen que cumplir con unas reglas que se determinan por el Consejo Nacional Electoral y las alcaldías municipales.
Con las elecciones llega una de las tradiciones con peor imagen en Colombia: las promesas de campaña. Y con ellas copan no solo los espacios comerciales en radio y televisión, si no también las calles, casas y avenidas.
Nadie se escapa a una cara de un candidato mirando con una sonrisa al horizonte al pasar por cualquier cuadra, por pequeña o grande que sea. Con el problema adicional de que toda esa propaganda trae un número y un partido por el qué votar. Y si eso se multiplica por 2.386 campañas, es apenas entendible por qué cada vez más ciudadanos se quejan de la cantidad de vallas y pasacalles que copan sus urbes.
Pero, ¿se trata de contaminación visual? ¿Quién recibe las denuncias por exceso? ¿Todos los partidos tienen derecho? Para responder estas dudas es necesario pasar por la ley, hacer una parada en el Consejo Nacional Electoral y terminar preguntando en las alcaldías municipales.
Garantías para todos los partidos
La legislación colombiana parte de una cuestión: todos los partidos deben tener las mismas garantías electorales. Con esa premisa clara, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publica varias resoluciones en las que pone en práctica los mandatos constitucionales y legales. Entonces aparecen las restricciones de campaña en televisión, en radio y, la que más afecta el diario vivir de las ciudades y zonas urbanas: la propaganda política en espacio público, es decir, vallas y pasacalles.
Entonces se crean unas normas en tres niveles. Por un lado, está la Constitución y la ley, que son atendidas directamente por el CNE para dar directrices nacionales; de ahí siguen los municipios, que basados en esas instrucciones determinan el número máximo de vallas y pasacalles que debe haber en su territorio.
Finalmente están los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos avalados por la Registraduría, que se reparten el cupo que el alcalde municipal adoptó por decreto, entre sus candidatos.
En Envigado, por ejemplo, "son 100 vallas por partido y cada colectividad nos debe dar la ubicación donde van a fijar este tipo de propaganda, porque no se debe exceder la norma de 2 pasacalles por cuadra", indicó Juan Carlos Montoya, director del Departamento Administrativo de Planeación de ese municipio.
En Medellín, según Wilson López, secretario de Gobierno, "la resolución 1370 de 2013, trae las reglas que hay que cumplir en la ciudad. Por ejemplo, se autorizaron máximo 10 pasacalles en cada una de las 16 comunas y hasta 8 en cada uno de los corregimientos, para cada partido".
Los partidos deben pedir su cupo
Lo que hacen los municipios, luego de que se han tomado todas las verificaciones de ley, es publicar la información para que los partidos puedan conocer la normatividad específica. Algunas administraciones toman la decisión de hacer un sorteo entre las colectividades para determinar las zonas que se les autorizan. Otros municipios esperan a que los partidos pidan permiso, como es el caso de Envigado o Itagüí.
Las colectividades, como quieran, distribuyen entre sus candidatos los topes en vallas y pasacalles que les fueron adjudicados. De ahí que, algunos candidatos acaparan en determinadas localidades, los cupos de sus partidos, hecho que si bien no castiga la ley, se puede denunciar ante las autoridades.
En caso de duda llame a la alcaldía
Pero si está pensando que igual se incumple todo ese andamiaje jurídico por parte de los candidatos, pues bien hay varias entidades o autoridades que reciben todo lo que quiera denunciar o le explican lo que quiera saber sobre campañas políticas.
El CNE dispuso 18 tribunales de garantías electorales, distribuidos por todo el país, para que en representación de la máxima autoridad electoral sean garantes de las elecciones en las regiones asignadas. Y esa tarea, por supuesto, incluye recibir las denuncias ciudadanas sobre propaganda electoral.
En Antioquia opera uno de estos tribunales, conformado por tres abogados que están disponibles para recibir denuncias o dudas, ya sea a través de su correo electrónico tribunalgarantias.ant@gmail.com, por teléfono en el 366 78 24 o directamente en la oficina del tribunal que opera en Medellín, en la calle 33 # 78 55, oficina 201.
En lo que va de esta semana, el Tribunal de Garantías del departamento ha recibido cuatro denuncias que hoy serán estudiadas para decidir si se les abre investigación preliminar.
Las autoridades locales también tienen la obligación de recibir las quejas sobre publicidad electoral. En particular, las secretarías de Gobierno, de Planeación, las entidades de espacio público o quien tenga las funciones en el municipio para hacer cumplir la normatividad.
"Recibimos una denuncia porque había una valla que estaba bloqueando el aviso de una entidad financiera. Entonces la desmontamos", indicó Víctor Pérez, secretario de Gobierno de Itagüí.
aún no hay problemas graves
Hasta el momento, al menos en el Valle de Aburrá, no se han reportado graves violaciones al espacio público por cuenta del número de vallas, pasacalles y pendones de publicidad electoral.
En este punto, vale la pena aclarar que si bien las vallas que en su mayoría son de propiedad privada, de personas naturales o jurídicas, y que los candidatos les pagan a ellas por dejarlos poner su publicidad, "esas empresas también tienen que seguir los lineamientos legales", indicó el presidente del Tribunal de Garantías de Antioquia, Gustavo León. No por ser propiedad privada se podrán violentar las garantías que intenta, en cada elección, imponer el Estado