Carrusel de la corrupción
Por cuenta de investigaciones adelantadas por los diferentes medios de comunicación, el país ha tenido conocimiento del consuetudinario y permanente saqueo del que ha sido objeto el erario público, de manera descarada en los últimos años por parte de unos cuantos servidores del Estado y de particulares y contratistas.
No pasa día sin que se conozca un nuevo hecho de corrupción en un gran carrusel que nos llena de desazón y de angustia, ante la mirada impávida y sospechosa de quienes tienen el deber de evitarlos, investigarlos y sancionarlos ejemplarmente, que se limitan a lamentar y a anunciar investigaciones exhaustivas que solo se traducen en arrumes de pruebas insulsas y espurias que dan lugar a autos inhibitorios y de archivo, que impiden responsabilizar a los presuntos implicados, con menoscabo de la moralidad pública y de la credibilidad ciudadana.
Son muy pocos los despachos oficiales del orden nacional, regional o local que se sustraen a esta epidemia de deshonestidad y se haría interminable recordar y relacionar cada uno de los casos que se han venido ventilando y los que aún faltan muy seguramente por descubrir.
Todo esto obedece a diversos factores que han hecho carrera a lo largo de nuestra historia democrática, como lo son: el afán de algunos por aprovechar el cuartico de hora como servidores públicos para hacerse ricos; las reformas electorales y políticas que no han logrado erradicar las componendas para, una vez elegidos, devolver los favores con contratos y otras prebendas; la politiquería y el clientelismo que como cáncer se expande sin ningún control por todo el sector público; las complejas, excesivas y enmarañadas reglamentaciones de procesos y procedimientos administrativos, que en vez de buscar la eficiencia y eficacia de la administración pública, la hacen más tortuosa y la exponen a toda clase de saqueos; la ineficiencia de los despachos de control y jurisdiccionales; la falta de una verdadera cultura política, de valores y de ética que convenza a funcionarios y a toda la ciudadanía de que el ejercicio de las funciones del Estado es una vocación de servicio desinteresado en bien de la comunidad y que los recursos públicos son sagrados, por lo que no pueden estar expuestos ante cualquier capricho de servidores de turno o para atender o cumplir con situaciones circunstanciales o de dudosa procedencia, etc.
El actual gobierno presentó en días pasados al Congreso de la República un proyecto bien intencionado que busca hacerle frente al gravísimo problema de corrupción que corroe al país y que atenta contra la solución definitiva de la gran cantidad de carencias y necesidades insatisfechas en las que se debate la gran mayoría del pueblo colombiano. Esta iniciativa, a pesar de faltarle coherencia, precisión jurídica y suficientes dientes para que se constituya en una norma efectiva y ejemplarizante, ha de considerarse como un buen comienzo que podría ayudar a minimizar y a controlar los efectos devastadores de este volcán de la corrupción y pretende, entre otras cosas, que los bancos ejerzan vigilancia sobre las cuentas y bienes de los servidores del Estado, de sus familiares cercanos y de las personas jurídicas de las cuales sean socios; plantea prohibir que quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción puedan contratar con el Estado; busca que quienes financien campañas electorales no sean beneficiados posteriormente con contratos públicos y prevé que a quienes se encuentren incursos en delitos de corrupción no se les conceda la casa por cárcel o libertad provisional.
Paradójicamente y con gran preocupación se registra el poco interés que ha suscitado este proyecto anticorrupción en la Comisión Primera del Senado, y así lo ha advertido el gobierno, pues hasta ahora ha sido relegado y algunos de sus miembros lo han descalificado y aun señalado como una iniciativa “inoportuna, irracional e inquisitiva”, demostrando su conformidad con el estado de descomposición que nos agobia, e ignorando maliciosamente que las normas de control han sido superadas por la astucia de la delincuencia y de los carteles especializados en esquilmar los recursos públicos. ¿Terminará imponiéndose esta actitud contraria a los intereses y expectativas del país?