Cerco chavista a libertad de expresión

En menos de una semana el gobierno de Venezuela ha profundizado su larga disputa contra los medios independientes. El pasado viernes un tribunal de Valencia, estado Carabobo, en el centro del país, condenó a tres años y nueve meses de prisión al columnista Francisco "Pancho" Pérez y al pago de unos 28 millones de pesos.

Pérez, un hombre que ejerce el periodismo en el diario El Carabobeño desde hace más de 40 años, 30 de los cuales ha mantenido su columna "Sin sospechas", fue demandado por el alcalde de Valencia, el oficialista Edgardo Parra, por difamación e injuria.

Pérez, quien denunció los negocios del Alcalde con sus familiares utilizando fondos públicos, no irá a prisión porque la pena es menor a cinco años, pero ha sido inhabilitado por el tribunal para ejercer la profesión. Algo nunca visto en procesos similares.

El Colegio Nacional de Periodistas, dominado por la oposición, ha declarado persona non grata a Pérez y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión se han hecho sentir con su más firme condena. "Es una decisión absolutamente desproporcionada, desmedida e insólita", dijo Carlos Correa, de la ONG Espacio Público.

Incluso parte del chavismo por primera vez se ha atrevido a cuestionar una decisión. En su cuenta de Twitter, el presidente de la cadena Telesur , el ex ministro de Comunicación e Información Andrés Izarra, dijo que el fallo era "una atrocidad indefendible"

La medida contra Pérez se suma la a citación judicial contra los reporteros Yunior Lugo y Carmen Finol, quienes denunciaron en el estado Falcón el hallazgo de containers con comida podrida importados para Pdval, la red de abastos populares pertenecientes al Estado; la investigación contra Walter Obregón, del diario El Universa l de Caracas; y Tarquino Obregón, de La Prensa de Barinas, por una denuncia similar que ambos formularon en sus medios, el lanzamiento de un cóctel de bombas Molotov contra la sede de la Cadena Capriles y la investigación contra el portal Noticiero Digital , iniciada en días pasados por la Fiscalía General de la República después de que el presidente Hugo Chávez leyera un comentario de un forista que revela planes para sustituir el Gobierno antes de tiempo.

Globovisión otra vez
Ese mismo viernes se conoció la detención que un tribunal libró contra el accionista principal de Globovisión , Guillermo Zuloaga, y su hijo, Guillermo Zuloaga Siso, por supuestos delitos de usura genérica y agavillamiento.

El pasado 21 de mayo funcionarios policiales allanaron una residencia de Zuloaga en la que encontraron 24 vehículos pertenecientes a un concesionario del empresario. El Ministerio Público consideró entonces que esos carros estaban siendo ocultados para posteriormente ser vendidos a precios abultados.

Zuloaga rechazó las acusaciones y dijo que las unidades habían sido vendidas y otras eran parte del inventario de su negocio. Pero además sugirió que la investigación tenía que ver con la combativa línea editorial que mantiene Globovisión , la única televisora que enfrenta al gobierno de Chávez. A Radio Caracas Televisión no le fue renovada la concesión para señal abierta, mientras que Televeny Venevisión despidieron a periodistas incómodos para suavizar el tono de sus programas informativos y de opinión.

Esta guerra entre el Gobierno y Globovisión cobró en febrero pasado la cabeza de Alberto Federico Ravell, quien hasta esa fecha dirigió la televisora. En una rueda de prensa el periodista sugirió que las presiones del entorno del presidente Hugo Chávez al banquero Nelson Mezerhane, el otro accionista del canal, habían sido determinantes en la decisión de removerlo.

Mezerhane no se pronunció entonces, pero el lunes, luego de que el Gobierno intervino el Banco Federal, una entidad financiera de su propiedad, y cesó sus operaciones, reconoció esas presiones. "Nos han presionado para doblegar a Globovisión y esa es la factura que me corresponde por no aceptar. Me quitaron la concesión de un hotel en Puerto La Cruz, la del Teleférico de Caracas y ahora esto".