CICR no detuvo sus actividades en el país

A pesar de la desconfianza que puede generar entre los actores armados ilegales el uso indebido de los emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la operación Jaque, en la que se rescató a 15 secuestrados en poder de las Farc el pasado 2 de julio, el organismo no ha suspendido ninguna de las actividades programadas en todo el país.

Carlos Ríos, vocero del organismo humanitario, reiteró que tras las explicaciones y excusas del Gobierno Nacional, las actividades siguen su curso normal, con las conversaciones de carácter confidencial con la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, para garantizar la seguridad del personal y vehículos del CICR en las zonas donde realizan misiones de ayuda humanitaria.

Ese diálogo confidencial es clave dentro de las tareas que cumple el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia y el mundo, pues gracias a él se puede garantizar la neutralidad e imparcialidad del organismo en medio de un conflicto armadao, sea de carácater internacional o interno.

Por eso, sus funcionarios no pueden ni deben ser forzados a entregar información sobre sus contactos con las diferentes partes, y tampoco sobre las tareas que realizan en determinadas zonas, sean ayudas a población civil, capacitación en normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a las partes en conflicto o una intermediación para la liberación de rehenes o de prisioneros. En este último caso, esa intermediación se hace con carácter estrictamente humanitario y los delegados del CICR en ningún caso negocian ni ayudan a negociar casos de secuestro.

Problemas en Colombia
Desde que se estableció en Colombia, en 1981, el CICR ha enfrentado varios problemas en Colombia por acciones de los actores enfrentados en el conflicto y algunos de los cuales, a la luz del DIH, son delitos de guerra o de lesa humanidad.

A principios de 2001, el CICR suspendió sus misiones de evacuación y atención médica a civiles y a combatientes heridos, luego de dos asesinatos de personas que eran transportadas en sus vehículos.

El primer caso se presentó a finales de 200 en Urabá, cuando miembros de las autodefensas interceptaran una ambulancia en la que era transportada una integrante del frente 5 de las Farc, herida y desarmada, a la cual bajaron del vehículo y la asesinaron.

Semanas después, las Farc detuvieron en un retén ilegal a otro vehículo del CICR, en el que era transportado un mando medio de las autodefensas que estaba herido y desarmado. Esta persona fue apeada y asesinada en la vía.

Ambos hechos generaron la condena nacional e internacional de organismos como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otros.

El CICR suspendió esa labor durante casi cinco años y la reanudó a finales de 2005.

Pero esos no son los únicos casos en que los delegados del CICR han vivido situaciones incómodas ante los actores del conflicto.

En el corregimiento de La Gabarra, Tibú (Norte de Santander), en una ocasión las autodefensas les quitaron mercados que llevaban para la población civil, con el argumento de que las Farc "de pronto" se los quitaban.

Y las Farc también, hace varios años, retuvieron durante algunas horas a una delegada del CICR "para verificar" su identidad y no fuera una infiltrada.