CIDH analizará caso Mapiripán
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia privada en su sede en San José de Costa Rica para analizar las denuncias hechas por el Gobierno Nacional sobre el reclamo de indemnizaciones por parte de presuntas falsas víctimas de la masacre de Mapiripán al Estado colombiano.
En la reunión que se realizará el 23 de noviembre próximo contará con la participación de representantes de Colombia, de la CIDH y apoderados de las víctimas. Allí se revisará si Colombia ha cumplido con lo requerido en la sentencia impuesta por este organismo en el 2005, en la que obligaba al país a indemnizar a los familiares de quienes padecieron esta masacre perpetrada en 1997.
Diego García Sayan, presidente de este organismo, precisó mediante un comunicado que uno de los objetivos es "que la Corte obtenga información detallada y documentada por parte de Colombia sobre el cumplimiento de los pagos ordenados, en particular sobre pagos que podrían haber sido realizados a quienes no tienen la condición real de víctimas".
Según García, se busca además que el Gobierno colombiano escuche las observaciones "de la CIDH y de los representantes al respecto".
Gobierno solicitó reunión
El pasado 25 de octubre, la fiscal Yolanda Prado, de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía reveló que las víctimas de la masacre de Mapiripán no fueron 49 sino 13, entre las que se contaban 6 muertos, 4 desapariciones forzadas y 3 secuestros.
Un día después, el presidente Juan Manuel Santos pidió a la canciller María Ángela Holguín que presentara estas irregularidades a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la vez que señaló que "al parecer, más de la mitad de las supuestas víctimas que aparecen en la sentencia están vivas o no murieron en la mencionada masacre y están recibiendo cuantiosas indemnizaciones basadas en la mentira y el fraude procesal".
Ese mismo día, Viviane Morales, fiscal General de la Nación, aseguró que esta sentencia es inapelable, sin embargo Santiago Cantón, secretario Ejecutivo de la CIDH dijo que se recibieron las denuncias pero que "el organismo la está evaluando para sentar su posición".
Para el consultor político Andrés Mejía Vergnaud, este tipo de hechos evidencia que este tipo de demandas se han "vuelto un mecanismo económico automático. El Estado colombiano pierde todas las demandas interpuestas antes estos organismos".
Vergnaud aseguró que ya se ha advertido sobre las ligerezas en las que ha caído el Estado en defenderse en casos como este".