Claroscuro informe de la ONU
Las denuncias por presuntas relaciones de miembros de la Policía con bandas criminales en comunas de Medellín no pueden minar la moral de la institución ni derrumbar las bases de confianza que se han construido con los ciudadanos. La valentía y decisión con que la Fuerza Pública está enfrentando el crimen organizado deben prevalecer sobre los propósitos torcidos de algunos pocos.
Con el más reciente informe sobre Derechos Humanos en Medellín, presentado el martes pasado por el Alto Comisionado de la ONU, Christian Salazar, se puede correr el riesgo de poner el ojo sólo sobre los resaltados y no leer completo su contenido, con las ligerezas y vacíos que eso conlleva.
Ha quedado como un hecho menor, y no lo es, que el referido informe advierta que las presuntas relaciones de algunos de los miembros de la Fuerza Pública con grupos al margen de la ley que operan en ciertas comunas no son una política institucional y, menos aún, que los casos conocidos han sido ejemplarmente denunciados y castigados por la propia Policía Nacional.
Leído sólo con el ánimo de encontrar una frase o un titular de prensa, el informe de la ONU puede provocar un daño irreparable a la moral de la institución y derrumbar las bases de confianza que sus comandantes y policías han venido construyendo con la ciudadanía. Dos asuntos que no son de poca monta, porque sobre ellos es que vienen trabajando la guerrilla, las bandas emergentes y los narcotraficantes para impedir su desmantelamiento y sometimiento a la ley.
No podemos caer en la trampa. Ni la ONU ni ningún organismo internacional que vele por los derechos humanos pueden olvidar quiénes han sido los que han sacrificado hasta sus vidas en la lucha contra el crimen organizado. Ojalá que, con la misma decisión que se hicieron las denuncias ante la ONU, los ciudadanos, de forma preventiva, acudiéramos ante los organismos competentes cuando de los criminales y narcotraficantes se trata.
Además, como ya lo dijo el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, resulta conveniente que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que sucedan hechos delictivos dentro de la institución y se castigue a quienes los hubieren cometido, dentro del derecho a la defensa y el debido proceso. Conocidos son los casos en los que son los propios criminales los que denuncian y empapelan a quienes sin tregua los persiguen. La Fuerza Pública demanda toda la confianza y el apoyo de los ciudadanos.
Toda la estrategia de seguridad que desde el Gobierno nacional se ha diseñado para Medellín, su área metropolitana y el resto del departamento, haría agua si, por un lado, no aceptáramos las dificultades y desafíos que nos han plantado los delincuentes y los narcotraficantes y, por el otro, no reconociéramos la valentía y la decisión de combatirlos por parte de la Fuerza Pública.
Lo peor que les podría pasar a esta ciudad y al país, entre tantas tragedias vividas, es que la confianza y la permanente colaboración de las personas de buena voluntad con las instituciones, terminen diluidas por la presión y el poder corruptor de las bandas delincuenciales y el narcotráfico.
Sería bueno que el propio Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU advirtiera ante la comunidad internacional los riesgos que implica para nuestra democracia la apatía y connivencia de ciertos países con los grupos al margen de la ley y su poca efectividad en la lucha contra el narcotráfico, la venta de armas y el lavado de activos. Eso también viola todos los derechos humanos.