Para víctimas del conflicto la tragedia aún no termina

A Teresita Gaviria la amenazaron de muerte hace dos meses. La han llamado a la oficina de la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de la Candelaria, desde donde junto con 566 mujeres más, exige su derecho a saber la verdad sobre sus familiares desaparecidos.

La han llamado al celular y ha recibido a personas que de frente le han dicho que hay quienes están pagando para que la asesinen.

A Carmen Palencia, otra líder de víctimas en Urabá, también las amenazas la hicieron esconderse y huir de nuevo, como tuvo que hacerlo antes de las desmovilizaciones de los grupos de autodefensa.

Ambas mujeres, sin embargo, decidieron seguir su lucha en la defensa de los derechos de las víctimas, así consideren que éstas permanecen invisibles a los ojos de la sociedad.

Según Gerardo Vega, coordinador para Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, este año han llegado a su oficina cinco casos de amenaza a víctimas del conflicto. Tres de ellas se encuentran en estudio de riesgo y "dos ya tienen esquemas de seguridad. Una fue trasladada a otra región del país y (fue amenazada) fundamentalmente por el tema de tierras".

Pero las ganas de saber por sus hijos, hermanos o esposos desaparecidos es más fuerte. Por eso Teresita Gaviria denunció las amenazas y continúa trabajando para algún día saber dónde está su hijo Christian Camilo, desaparecido el 5 de enero de 1999 en Doradal, por hombres del bloque de Ramón Isaza.

Las motos de los 'paras'
Javier Ciurlizza, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), señala al respecto que mientras haya amenazas a las víctimas será muy difícil que caminen los procesos de reparación integral para ellas.

Para el experto, quien ha  asesorado procesos de comisiones de la verdad y procesos judiciales en Paraguay, Kenia, Indonesia y Liberia, hay regiones del país donde la participación de las víctimas está condicionada por "las motos de los paramilitares que pasan por la esquinas de sus casas. Así de simple. O porque siguen matando gente".

Al recordar un caso particular, Javier Ciurlizza relata que "nos contaba la gente de Antioquia que en Turbo se comenzó a hacer un proyecto piloto para trabajar sobre 300 hectáreas de tierras que están en manos de testaferros de paramilitares y también de empresarios bananeros, pero que las condiciones de seguridad para estas personas que aspiran a recuperar su tierra son imposibles".
Por eso, este abogado aclara que si bien la restitución de tierras es una forma de reparación, no es la única y sí la más difícil.

"Es decir, el concepto de restituir aquello que le fue quitado a la persona es un concepto teóricamente bueno pero en la práctica muchas veces inviable", advierte.

El gran reto
Frente al delicado problema de la inseguridad de las víctimas del conflicto, Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, es vehemente.

En su opinión, el discurso de la CNRR está orientado a mostrar que el proceso va bien y mejor que cualquier otro proceso en el mundo.

"Y no un discurso que señale los graves problemas de las víctimas como su poco acceso a la justicia, en algunos casos nulo; la violencia, el hostigamiento y las amenazas de las que son objeto, la ausencia total de una política destinada a que las víctimas puedan proteger el derecho que tienen al buen nombre y a la dignidad. La escasa protección legal de los derechos de las víctimas, la presencia de estructuras paramilitares no desmovilizadas en el territorio nacional".

Al respecto, Gerado Vega, de la CNRR, admite que el principal reto para la Comisión es que haya seguridad para las víctimas: "Que no se presenten hechos de repetición porque la gente reclame sus derechos en un proceso judicial. Las víctimas no sólo tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, sino que tienen derecho, el principal diría yo, a que los hechos violentos no se repitan".

Vega concluye que "el proceso aún es débil, la normatividad es nueva y por lo tanto no hay rutas todavía muy construidas. Ojalá nosotros pudiéramos decirle a la gente con certeza cuando llegan aquí a las oficinas, que el momento más difícil ya pasó, que fue el momento de su tragedia, pero aún tenemos que garantizarles la no repetición y desafortunadamente el conflicto en el país no ha terminado".

Frente a esta problemática, Sergio Caramagna, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), declaró esta semana en una reunión con víctimas en el barrio Carpinelo, de Medellín, que si hay algo que cada día inspire su trabajo es la dignidad y la esperanza de las víctimas.

"Un reconocimiento a las mujeres de las comunas de Medellín. A donde vamos encontramos mujeres de pie, mujeres reclamando, mujeres que necesitan organizarse, mujeres que necesitan saber la verdad y reparar sus vidas, mujeres que buscan respuestas institucionales. No bajen nunca los brazos, mantengan su enorme dignidad a pesar del miedo", y aplaudió.