Reforma política y comisión de académicos
Una tradición colombiana es la del reformismo constitucional y legislativo -así sucedió con la Constitución de 1886 e igualmente está pasando con la de 1991- y especialmente en lo relativo con las reformas políticas; al respecto siempre ha sido buen argumento la pérdida de legitimidad del Congreso -esa fue una de las razones fundamentales del proceso constituyente de 1991-. Ahora nuevamente el tema se pone en la agenda y en esta ocasión la razón de mayor impacto de opinión ha sido la llamada parapolítica.
Para muchos analistas la Constitución de 1991 puede considerarse anti-partido, por cuanto su intención, al buscar estimular la participación ciudadana, terminó debilitando el sistema de partidos políticos. Por ello la última reforma política, la de 2003, buscó cohesionar y fortalecer los partidos políticos a lo cual contribuirían medidas como la lista única por partidos, el umbral, la cifra repartidora, el funcionamiento de bancadas de los congresistas electos. Sin embargo, se continuaba manteniendo una financiación de campañas mixta, un umbral bajo (2%) y un remanente del personalismo en la política que es el voto preferente -pero que le permite a partidos creados a las carreras mantener su precaria unidad-.
Por ello la propuesta de reforma política a la que el Gobierno con su bancada en el Senado le dio cristiana sepultura la semana anterior buscaba, entre otras medidas, aumentar el nivel del umbral de manera progresiva y frente al aumento de congresistas involucrados en relaciones con grupos armados ilegales -la llamada parapolítica- la decisión de la ‘silla vacía’ una vez fuera llamado a indagatoria o detenido un congresista, como forma de castigar políticamente a los partidos políticos que resultaran con parlamentarios incursos en prácticas ilegales -la responsabilidad penal se supone es personal-. Pero esta medida iba a debilitar la bancada gobiernista y eventualmente a dejar al Gobierno en minoría y esa es una de las razones fundamentales del hundimiento de la reforma.
El Gobierno nombró una comisión de académicos para que presente una propuesta de reforma política de fondo. La comisión de académicos tiene frente a sí dos escenarios posibles, el primero -que considero poco probable-, el de una reforma política de fondo, que implique una reforma constitucional para pasar a un Congreso unicameral acompañado de una reforma territorial, que permita tener asambleas territoriales fortalecidas y medidas para fortalecer los partidos políticos y sancionar drásticamente a los congresistas y partidos que tengan relaciones con grupos armados ilegales o mafiosos.
Pero lo más probable, es el segundo escenario, el de una propuesta de reforma que busque aumentar progresiva mente el umbral para compactar una media docena de partidos políticos, la terminación con el voto preferente en las listas únicas, la eliminación -por lo menos parcial- de la circunscripción nacional al Senado, el voto obligatorio -por unas elecciones- y unas medidas para sancionar a los partidos políticos en su personería jurídica y sus curules pero una vez hayan sentencias, mínimo de primera instancia, y no cuando sean llamados a indagatoria o detenidos los congresistas. Es decir, no una reforma de fondo sino una más de tipo instrumental.
Algunos plantean el riesgo de que la propuesta de reforma termine priorizando el tema del juzgamiento de los congresistas, incluido el debate acerca de la segunda instancia -aspecto sobre el cual en principio estaríamos de acuerdo, por cuanto toda persona que es juzgada debe tener una opción a la cual acudir para que pueda ser revisado o confirmado su caso-, pero el riesgo es que el tema se utilice para debilitar la tarea que está adelantando la Corte Suprema en el juzgamiento de congresistas.
Sin embargo, hay que darle un margen de espera a la comisión de académicos a que puedan hacer su trabajo y posteriormente valoraremos qué tan útil fue el mismo.
*Profesor Universidad Nacional