Con el debido respeto, señor Fiscal

El señor Fiscal General de la Nación tiene sobre sus hombros una inmensa responsabilidad. En medio de un conflicto interno que hace tiempo perdió la fisonomía inicial de insurgencia ideológica contra la legitimidad del Estado, para convertirse en delincuencia organizada, bajo el colosal poder del narcotráfico, en directo desafío contra el estado de derecho y el sistema democrático sostenido en la voluntad nacional, se enfrenta la máxima autoridad fiscalizadora con una seria confusión jurídico-política que en ciertos casos lo puede inducir a error.

Ni la opinión pública, ni los medios de comunicación ni el órgano Ejecutivo del poder público, parecen aceptar que existe en esta nueva fisonomía del conflicto una auténtica guerra jurídica cuyo objetivo lo constituye el instrumento militar del Estado. Lo grave, lo seriamente grave, es que ese peculiar estilo de la confrontación, reconocido por otros gobiernos, aquí se ignora con la consecuencia de afectar en forma grave a los defensores del Estado.

Al despojar del fuero militar a cuatro generales del Ejército, ya en condición de reserva de la nación, parece que el señor Fiscal invade el territorio constitucional del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que, según la Carta Magna del 91, que lo creó, es la entidad que falla las colisiones de competencias en el interior de la Rama Jurisdiccional.

Veamos: un comandante de brigada enfrenta dos fuerzas armadas fuera de la ley. La que se dice Fuerza Armada Revolucionaria bajo las siglas Farc y Eln, por una parte, y la que habiéndose originado como autodefensa campesina con auspicio del Estado degeneró, como sus opositores, en banda criminal. El hecho de enfrentar un mismo adversario -Farc-Eln- situó al Ejército en una postura que ha sido interpretada en muchos casos como connivencia, complicidad, acuerdo tácito o efectivo no comprobado sino en casos excepcionales, cuando no, como alianza clandestina.

Semejante entrevero de situaciones, no siempre, o mejor, casi nunca, permite dilucidar la verdad como para darle claridad plena. Es aquí donde surge la colisión de competencias, que no es el Fiscal quien debe resolverla, como tampoco el Presidente de la República, como en Jamundí, sino el ente constitucional establecido para el efecto.

¿No sería conveniente, señor Fiscal, que usted, dentro de su afán investigativo, lo reconociera así en el caso de los cuatro generales, a quienes les arrebata el fuero concedido por la Constitución?

*Ex general de la República