Condenan a exfuncionario de Catastro Departamental por fraude
El exfuncionario de la Oficina de Catastro del departamento de Antioquia, Juan Fernando Villa Álvarez, fue enviado a la cárcel por los delitos de acceso abusivo a sistemas de informático, obstaculización ilegítima de sistema informático y falsedad material en documento público.
Según indicó la Gobernación de Antioquia, el funcionario deberá pagar una pena de cinco años de cárcel, una multa de 250 salarios mínimos y 92 meses de interdicción de derechos y funciones públicas por acceder de manera ilegal a la firma digital y las contraseñas de varios funcionarios encargados de realizar los procesos de catastro antes mencionados para cometer fraudes.
"El Departamento Administrativo de Planeación encontró irregularidades en procesos de expedición de resoluciones, mediante las cuales se realizaron modificaciones de áreas, avalúos e información jurídica de predios en varios municipios, y trámites que fueron resueltos de manera sospechosa en menos de 24 horas cuando generalmente duran entre 30 y 45 días, la Gobernación de Antioquia en compañía de las autoridades competentes comenzaron una investigación interna con todo el rigor técnico y el soporte documental para establecer de dónde procedían esas irregularidades", afirmó la entidad en un comunicado.
Villa Álvarez aceptó haber accedido de manera ilegal esta información, luego de la denuncia que fue realizada por esta dependencia el 15 de noviembre de 2012.
Villa Álvarez era funcionario de carrera administrativa de la Dirección de Tránsito Departamental y en el pasado había trabajado en la Oficina de Catastro Departamental.
Juan Fernando Villa Álvarez aceptó haber accedido de manera ilegal a la firma digital y las contraseñas de varios funcionarios encargados de realizar los procesos de catastro antes mencionados para cometer los fraudes.
"El caso aquí presentado es excepcional y aislado y no corresponde al común denominador de quienes trabajan en esta administración", afirmó la Gobernación.
Cabe recordar que estas diligencias no requieren de ningún intermediario y las tarifas de aquellos trámites tienen un costo fijado por ley son públicas y nadie debe pagar más de lo estipulado.