Convivencia y justicia: el debate inicia
El Congreso estudia iniciativas legislativas sobre el régimen de policía y el funcionamiento de la justicia. Ambas materias son centrales para la materialización del Estado social de derecho en Colombia. Sin embargo, ninguno de los marcos normativos tiene el potencial, por sí solo, de transformar el campo objeto de regulación.
Debemos examinar ambos temas a fondo y emprender un proceso analítico que trascienda la regulación formal y busque cambios reflexivos en regímenes que dependen de elementos normativos y dinámicos. El funcionamiento de la justicia y la aplicación del régimen policivo son procesos que involucran roles esenciales del Estado en la regulación de relaciones ciudadanas y la respuesta a la conflictividad social.
Al pretender su cambio, hay datos que no podemos ignorar: el funcionamiento de la justicia está mediado por la desconfianza ciudadana, y la experiencia del habitante con las normas policivas es principalmente represiva (negando su esencia preventiva).
Me ocuparé de ambos temas en columnas sucesivas; por el momento, introduzco algunos elementos a la discusión sobre estas reformas que entraron en la agenda legislativa.
La reforma a la justicia se propone en un contexto de amplia deslegitimación. Los sentimientos de descrédito y la desconfianza frente al aparato de justicia son generalizados. Se plasman en expresiones comunes como: "la justicia es pa los ricos" o (peor aún) "pa los que pagan". Y se irradian con cuestionamientos públicos (fundamentados o no) que hacen dignatarios sobre fallos judiciales.
La gran mayoría de los colombianos no confía en la justicia. Este debería ser un dato central en el proceso de reforma. Antes de discutir cambios abstractos en derecho, deberíamos debatir analíticamente la experiencia ciudadana con la justicia.
La justicia está regulada por un marco normativo. Este contiene su expresión más explícita. Las reglas se plasman en códigos, estatutos o cualquier otro tipo de ley para servir de referente. Por su naturaleza escrita, la tendencia en los procesos de reforma es a cambiar ese marco y proclamar victoria. Sin embargo, la experiencia de reforma a la justicia en Latinoamérica demuestra que los cambios deseados no se logran a partir de modificaciones legales, sino que es necesario abordar el arsenal de prácticas y costumbres que hacen de la justicia un concepto vivo. La justicia se reforma no tanto por las leyes sino por las prácticas de aplicación.
Los colombianos no empezarán a creer en la justicia porque hay una nueva ley. El proceso de reforma, por lo tanto, debería ser dinámico y los cambios no deberían limitarse al componente normativo.
El proceso de reforma del régimen policivo tiene rasgos similares. Se trata de un marco normativo de importancia para la vida ciudadana, particularmente en contextos urbanos. Sin embargo, más que en el campo de la justicia, el régimen policivo depende de lo dinámico más que de lo normativo.
El control y las relaciones sociales en las ciudades colombianas están calificados por formas privadas de regulación. Más que la guarda de la convivencia y la solidaridad, supuesto del régimen policivo, el comportamiento ciudadano se regula por el miedo (o el desafío) a la repercusión.
En la actualidad, el control social no se basa en relaciones entre vecinos que buscan la convivencia, sino que es objeto de un proceso impuesto de transacciones de poder, a partir de formas subrepticias (usualmente violentas) y artefactos disciplinantes informales. Por esto, por ejemplo, llega a ser aceptable, con consecuencias letales, la máxima: "el que la debe la paga". Así, la violencia se torna reguladora e institución del orden.
El cambio que hay que buscar en relación con el Código de policía es que este tenga vigencia en las relaciones sociales y que su espíritu preventivo rija su aplicación. Esta es una discusión principalmente política; es triste (pero diciente) que la entidad que lidera el tema sea el Ministerio de Defensa.
El debate inicia: ¡involúcrense!