Debate con independencia
El comienzo de esta legislatura estuvo precedido de inconvenientes declaraciones por parte de algunos miembros de la Justicia, pero el Congreso tiene el reto de actuar sin presiones.
Comenzó ayer una nueva legislatura y no puede ser más preocupante el panorama que la antecede.
Las bocanadas de fuego que en las últimas semanas salieron de la garganta de algunos magistrados de las Altas Cortes no pueden verse como hechos aislados. Hacen parte de un libreto ya conocido y desempolvado cada vez que la ocasión lo demanda.
Ha vuelto a quedar en entredicho el tan defendido, pero incumplido, principio de la separación de poderes y trabajo armónico entre las tres ramas del Poder.
Sin comenzar la discusión de la llamada Reforma a la Justicia, uno de los proyectos clave de esta legislatura y del que las Cortes se retiraron sin razones de fondo, las agresivas declaraciones de algunos magistrados enrarecen, de entrada, el ambiente para cualquier discusión en el Legislativo.
Decir que dicha reforma es una retaliación del Congreso contra la Justicia, como lo aseguró el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, deslegitima sin argumentos el articulado del proyecto. Pone a los congresistas en desventaja para aprobar o negar aspectos sustanciales de la urgente, necesaria y decisiva reforma. Un golpe a la independencia de los poderes.
Pero cuando son los magistrados los que toman las decisiones, el resto de los mortales tiene que guardar obediencia debida, acatar los fallos y cumplirlos. No hay posibilidad de controvertirlos, pues la independencia de poderes, ahí sí, es un principio constitucional. La ley del embudo.
Si los magistrados piden para sí la independencia, no pueden olvidar a renglón seguido que la naturaleza misma del Congreso es legislar. Y esa tarea no puede hacerse bajo presión o intimidación de quienes son los jueces naturales de los propios congresistas. Ese es, lamentablemente, el antecedente que marca el inicio de este nuevo período legislativo.
Las denuncias, por demás graves, sobre cómo algunos togados se hicieron a millonarias pensiones no puede convertirse en trinchera para atacar desde allí a las demás ramas del Poder Público. Así como no puede aceptarse que desde el Ejecutivo y el Legislativo se paguen favores o se otorguen prebendas a magistrados y jueces por conveniencias personales.
El Congreso, de una vez por todas, debe asumir sin temores, con transparencia e independencia, la discusión de los proyectos que necesita el país para enfrentar los desafíos que tiene. No sólo en materia de Justicia, sino en el campo económico, político y social.
En estos 90 días calendario, que se reducen a casi la mitad por la dinámica propia de las sesiones del Congreso, incluidos los festivos, habrá de ponerse a funcionar la llamada Unidad Nacional, no para congraciarse con el Presidente de la República, sino para sacar adelante trascendentales iniciativas. Entre ellas, la Justicia Penal Militar y el reforzamiento del fuero para las Fuerzas Militares, que ojalá se hiciera extensivo a la Policía.
Abogamos porque se mantenga esa independencia entre las ramas del Poder, pero insistimos en que la armonía que demanda la colaboración entre ellas no puede estar sustentada en la intimidación o el chantaje, sea cual fuere el origen y los protagonistas.
Las Altas Cortes tienen el derecho de reclamar sus espacios para debatir, y el Congreso es un inmejorable escenario para hacerlo. Eso sí, con argumentos y no con voces destempladas a través de los medios.