Debate por fallo sobre ataque a Las Delicias

Quince años después del descalabro militar que significó el ataque a la base de Las Delicias, el fallo condenatorio del Consejo de Estado revivió un debate que agita los terrenos jurídicos, políticos, militares y preocupa al Gobierno por las implicaciones fiscales.

Mientras los magistrados se ratifican en que el Estado no dotó ni protegió como debía a los militares atacados por Farc el 30 de agosto de 1996 en esa lejana base en las selvas de Putumayo, el excomandante del Ejército, Harold Bedoya, el expresidente Ernesto Samper y analistas militares controvirtieron la sentencia. El fallo ordena al Estado el pago de 1.680 millones de pesos a tres militares heridos y la familiar de un soldado muerto en el ataque guerrillero.

La millonaria suma causa preocupación al Gobierno, que teme que el fallo establezca jurisprudencia para futuras demandas a la Nación por otros ataques guerrilleros.

"El fallo es preocupante", aseguró el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas. Y el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, indicó que no hay antecedentes sobre fallos de ese tipo, por lo que anunció que una comisión jurídica lo estudiará. "No sólo sería la afectación económica sino que también hay que ver la implicación al interior de las filas".

¿Militares desprotegidos?
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, explicó que "hay lugar a responsabilizar al Estado, porque no tomó las medidas para prevenir los hechos, no brindó apoyó oportuno a la base a pesar de que ya se conocía el inicio del ataque y, porque el Estado estaba en la obligación de garantizar la seguridad de soldados a su servicio, a quienes no habían preparado para afrontar esta clase de hechos y fueron dejados a merced del ataque subversivo".

El fallo agrega que estaban mal armados y que hubo un retardo "injustificado e insuficiente" de apoyo militar, que llegó un día después del ataque, pese a la cercanía de la base de Tres Esquinas, los apoyos fluviales desde Puerto Leguízamo y el apoyo aéreo desde la base de Apiay. Además, que la ubicación de la base militar no fue estudiada estratégicamente ni se valoraron las vías de escape y penetración, lo que "facilitó la acción guerrillera".

Por estas razones, el Consejo de Estado exhortó al Ministerio de Defensa a adelantar medidas de reparación colectiva a las víctimas y pedir perdón públicamente por los errores. También compulsa de copias para que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen a la cúpula militar de la época.

Implicados se defienden
El general (r) Harold Bedoya, comandante del Ejército para la época, rechazó el fallo y aseguró que la zona en la que ocurrió la toma guerrillera (municipio de La Tagua) no pertenecía a su jurisdicción y que los 120 militares adscritos a la base estaban dotados con las armas y equipos disponibles en el momento.

"No era de la jurisdicción del Ejército. Esa base pertenecía a un comando conjunto que no es del Ejército porque se organizaron con diferentes fuerzas", afirmó Bedoya.

El exoficial agregó que en 1996 las Fuerzas Militares "no tenían los aviones, lanchas y helicópteros que hay hoy (...) el país estaba descertificado y no nos vendían armamento".

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper Pizano, señaló en su defensa que "me aparto del fallo del Consejo de Estado cuando responsabiliza a la Nación por tener la Base de Las Delicias en el lugar que estaba".

Agregó que no se puede responsabilizar al Estado de poner una base en un lugar de combate, pues el objetivo era proteger a la sociedad civil. "Por muy preparados que hubieran estado" los 100 militares que se encontraban en la base en el momento de la toma, "era difícil resistir el ataque de entre 600 y 800 guerrilleros".

Señaló que "no hubo manera de concretar" un apoyo aéreo para defender la base "porque las condiciones climáticas no lo permitieron".

Para el abogado penalista, Jorge Molano, "la decisión del Consejo de Estado se fundamentó en bases probatorias sólidas y entendiendo que existió una falta de precaución de los militares", aunque cuestionó que se tenga que "sacrificar patrimonio público cuando los funcionarios no son llamados a responder".

De esta opinión se apartan el coronel (r) del Ejército y abogado John Marulanda y el exconsejero presidencial de seguridad y defensa, Armando Borrero, quienes coincidieron en que el fallo desconoce la realidad militar en el país en la época del ataque.