Decreto revivió el delito de sedición para ex Auc

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• El indulto se estaba otorgando a través de la ley 782 de 2002.
• El gobierno se había comprometido a mantener beneficio de la figura.
• En mayo, la Corte Constitucional había declaró inexequible la sedición.

Por
Clara Isabel Vélez Rincón
Carlos Salgado R.

Con la expedición del decreto 4436 el Gobierno Nacional cumplió su promesa de otorgar seguridad jurídica a los desmovilizados de las Auc que no tenían pendientes delitos de lesa humanidad, luego de que la Corte Constitucional declararó inexequible el delito político (sedición).

El documento, firmado el 11 de diciembre por el ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, y divulgado ayer, solo cobijará a los miembros de las Auc que se desmovilizaron antes del 18 de mayo de 2006, fecha en la que la Corte Constitucional declaró inexequible parcialmente la ley de Justicia y Paz (ley 975).

Así las cosas, la única facción que resultaría afectada sería la dirigida por Freddy Rendón Herrera (a. El Alemán), que se desmovilizó el 15 de agosto en Unguía, Chocó.

Revive una norma
La declaración de inexequibilidad del artículo 71 de la ley 975 generó una airada reacción del ex jefe político de las Auc Iván Roberto Duque (a. Ernesto Báez) porque en su concepto implicaba que los 30.926 desmovilizados (que había en ese momento) deberían responder por los delitos de conformación de grupos armados ilegales y concierto para delinquir. Ambos contemplan penas de prisión de hasta 12 años.

Para evitar esta situación, que podría llevarlos a la cárcel, el Ejecutivo venía aplicando la ley 782 de 2002 y el decreto 128 de 2003, reglamentario de la misma. Ambos establecen que los paramilitares que no tengan procesos por delitos atroces ni de narcotráfico pueden ser indultados.

Debate y visita
El decreto 4436 se dio a conocer horas después de que terminó el debate en la Cámara de Representantes sobre el traslado de los ex jefes de las Auc del Centro de Reclusión Especial para Justicia y Paz, de La Ceja, a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, al que fueron citados el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro del Interior y el fiscal Mario Iguarán (quien no asistió).

También coincidió con la visita a la cárcel de Itagüí del jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP), Sergio Caramagna.

Caramagna entró poco antes del mediodía acompañado del secretario de Gobierno de Medellín, Gustavo Villegas, y se retiró pasadas las 5:00 de la tarde sin ofrecer detalles sobre la reunión.

Personas allegadas a los jefes desmovilizados dijeron que sigue siendo fuerte la molestia de éstos con el alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, por la decisión de sacarlos del centro de reclusión para Justicia y Paz de La Ceja.

"Es por ello que a las reuniones de esta semana con el alto consejero para la Reinserción, Frank Pearl, y a la de Caramagna, ha asistido Gustavo Villegas. Ellos lo ven como un interlocutor más creíble", dijeron.

Era un compromiso del Ejecutivo
El 19 de mayo, luego de conocerse la decisión de la Corte Constitucional de declarar parcialmente exequible la ley de Justicia y Paz (ley 975), el entonces ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de La Vega, dijo que se emprenderían acciones jurídicas para blindar el proceso de paz con las Auc.

Ese mismo día, el vicepresidente Francisco Santos aseguró que los miembros de las Auc que se acogieron a la ley 975 antes del fallo del tribunal mantendrían sus beneficios porque a ellos "no les aplicaría esta retroactividad y serían juzgados por la ley antes del fallo". El decreto 4436 de 2006 mantiene los beneficios adquiridos previo el fallo de la Corte.