Defensas que hunden

La defensa del aún alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, para evitar a toda costa que se haga efectiva la sanción impuesta contra él por el Procurador General de la Nación, se fundamenta en una supuesta reivindicación de la legalidad, de los valores democráticos y de los derechos de los votantes.

Examinada con toda atención esa defensa, mirados juiciosamente los argumentos esgrimidos hasta ahora, se encuentra que de prevalecer sus tesis, Colombia se vería abocada, precisamente, a una vulneración flagrante de la legalidad y a una merma sensible de las garantías democráticas.

En una de las últimas intervenciones ante las personas reunidas en la plaza de Bolívar, en Bogotá, dijo Petro que “ni la Constitución, ni la ley, ni ninguna norma escrita dice que el alcalde Mayor de Bogotá será destituido por alguien que se llama el procurador”.

Al defenderse con estos argumentos, Petro le está dando la razón al Procurador, quien fundamentó la destitución, entre otras cosas, en el desconocimiento de la ley por parte de aquel. Porque tanto la Constitución (Arts. 277 y 278), como la Ley (la N° 136 de 1994, Art. 104), como el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993, Art. 44) dicen expresamente, sin ambigüedades, que el alcalde Mayor podrá ser destituido por el Procurador General de la Nación, como consecuencia de investigación y proceso disciplinario.

Como jurídicamente este conjunto de normas cierran cualquier posible discusión, los estrategas de Petro quieren trasladarle la responsabilidad al presidente de la República, como si este tuviera decisión discrecional de acatar o revertir el fallo de la Procuraduría.

Por lo menos en este último asunto el Gobierno ha sido claro. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, (tal vez escarmentado luego de sus desafortunadas declaraciones iniciales, al conocer el fallo disciplinario) explicó por qué el presidente se limita a ejecutar lo que la Procuraduría le solicite.

De triunfar la posición de Petro y sus seguidores, sí que habría peligro para la democracia: que el presidente, por sí y ante sí (por usar la expresión usada por Gómez Méndez) destituya a un alcalde. Sin investigación disciplinaria previa, sin garantías procesales. ¿Es eso lo que pretenden?

Punto aparte merece el lamentable espectáculo que está dando el fiscal general de la Nación. Con sus declaraciones, y peor, con sus actuaciones, el fiscal Eduardo Montealegre parece que quiere atribuirse la competencia para ejercer control de legalidad sobre las decisiones del procurador, control que la ley no le concede. Está ejerciendo, de facto, una función que corresponde al Consejo de Estado.

¿Quiere el fiscal presionar con la maquinaria penal para erigirse en segunda instancia para favorecer a quien considera -a priori- víctima de una persecución? Ya quisieran muchas víctimas la celeridad con la que la Fiscalía actuó en este caso. Víctimas que aún confían en que el ente acusador funciona con el objetivo de reducir la impunidad, más que como instrumento político de alguien que ajusta la política criminal al ritmo que le marcan ya sea el gobierno, ya sean los eventos que puedan reportarle notoriedad.

El alcalde Petro y sus seguidores reclaman (están en todo su derecho) imparcialidad, ecuanimidad en sus procesos. ¿Puede el fiscal general garantizar estos dos valores, atendiendo lo que han sido sus últimas actuaciones en todo este turbulento episodio?.